5W Redactor Revista Digital Informativa
A cien años de distancia de la promulgación de la Constitución Política que nos dimos los mexicanos como pacto social, en la que se garantizan nuestros derechos, garantías individuales, la forma de gobierno y la estructura del Estado y la conformación de nuestras Instituciones, no deja de ser un documento aspiraciónal
El derecho al trabajo y la vivienda digna, a la salud, a la educación de calidad y gratuita, el respeto a los derechos humanos, como otros tantos derechos contenidos en la misma, es letra muerta, principalmente para quienes han protestado guardarla y respetarla como es el caso de los servidores públicos.
Las aspiraciones de la sociedad interpretadas por del Constituyente de Querétaro en 1917, pretendían terminar con una época de violencia en nuestro país, abatir la pobreza, terminar con la desigualdad e impulsar el desarrollo económico del país.
A 100 años de distancia, en nuestra sociedad existe aún pobreza extrema, desigualdad social, falta de empleo, deficiente acceso a la salud, violación constante de derechos humanos, pero sobre todo, un alto índice de corrupción e impunidad.
A la falta de cabal cumplimiento a los derechos Constitucionales de los ciudadanos, han tenido que surgir acciones de gobernanza desde la propia sociedad civil para poder atender algunas de las graves necesidades sociales en materia de salud, de vivienda, aquí mismo en Zamora tenemos el ejemplo de ello, “FORJADORES DE ESPERANZA A.C” o como todos lo conocemos, “EL PROMOTÓN” y cómo ésta, otras miles de Asociaciones Civiles, fundaciones que con su esfuerzo y voluntariado, vienen a suplir la grave responsabilidad Constitucional que las Instituciones del Estado en sus distintos niveles de Gobierno tienen con la sociedad.
Ingredientes como la Pobreza, la violencia, la falta de credibilidad de la Sociedad en sus Instituciones Políticas y en quienes las dirigen, empañan sin duda alguna el festejo de estos 100 años de edad de nuestra Carta Magna, cuando diariamente vemos como la desesperación, el desencanto y el enojo está presente en el colectivo social.
Darnos cuenta con impotencia como nuestros representantes populares, parecen estar viviendo en mundo ajeno al nuestro, olvidan esa frase, que con singular alegría pronunciaron cuando rindieron protesta, “Y SI ASÍ NO LO HICIERE QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE” y hoy que les estamos demandando, exigiendo comportarse a la altura de las circunstancias actuales, les pedimos moderar sus conductas, sus excesos, sus sueldos, sus prestaciones, renunciar a sus privilegios cumplir con su obligación de representar nuestros intereses, se molestan, se justifican, se ofenden.
El lamentable caso del Presidente de Jacona Michoacán, es un ejemplo de ello; Nepotismo, opacidad, falta de transparencia, violación sistemática del marco jurídico que lo rige, e ineficacia en la conducción del Gobierno Municipal, son un claro ejemplo de ello; aunque también en Zamora sucede, actos de nepotismo, violación del marco jurídico, falta de transparencia, opacidad, conflicto de intereses, pero en estos Municipios simulando, habrán de festejar el Centenario de nuestra Constitución, como si no pasara nada.
Los hechos de las Administraciones de Jacona y Zamora, aun y cuando la ley concede acción pública para denunciarlos, es también responsabilidad de la Auditoría del Estado para revisarlos y fiscalizarlos y en el caso de encontrar las violaciones de que se habla, sancionar, aplicar la ley.
La ciudadanía en estos casos, tampoco hace uso de los instrumentos legales a su alcance para evitar que esos casos de corrupción sigan sucediendo, las protestas sirven, SÍ, pero ahí está la ley, y la justicia no se ruega.
En una economía familiar, cuando las finanzas no marchan bien, se ajustan los gastos, se postergan viajes, compras, lujos, hasta que la economía mejore; pero en los Servidores Públicos, ante lo complicado de la finanzas públicas, se sigue viajando en helicóptero, se sigue gastando como si no pasara nada, preferible la amenaza de que los trabajadores del Estado paralicen la función y atención pública ante la falta de pago de sus salarios, a reducir sus gastos de públicas y de representación.
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