Morelia, Mich., Miércoles 05 de abril 2017.- El proceso de fiscalización y la rendición de cuentas en nuestro estado ha quedado rezagado y ante el hartazgo ciudadano, es obligación de los tres niveles de gobierno implementar los cambios necesarios y transformar de fondo la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.
Así lo aseguró el diputado panista Carlos Quintana Martínez, luego de proponer ante el Pleno del Congreso local, reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas y Registro Patrimonial del Estado y sus municipios, entre las que destaca la creación de una Unidad de Evaluación de la propia Auditoría Superior de Michoacán (ASM), cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los diputados locales.
“Quienes estamos en la función legislativa debemos orientar las nuevas leyes hacia lo que hoy está demandando la sociedad”, por ello con esta iniciativa, los órganos internos de control y fiscalización serán responsables de mantener actualizada en el Sistema de Evolución Patrimonial, la declaración de intereses y constancia de la declaración fiscal, permitiendo la verificación de algún conflicto de interés o enriquecimiento ilícito de cualquier funcionario.
Además y mediante convocatoria pública, el Congreso participará en los
nombramientos de titulares de los órganos internos de control en organismos autónomos; además de ratificar al titular de la Secretaría de Contraloría del Estado, al del órgano interno de control del Poder Judicial y de la Unidad de Evaluación de la ASM, con una duración de 5 años y sin posibilidad de reelegirse.
“Diariamente la ciudadanía nos exige transparencia en nuestro actuar; la crisis de credibilidad y eficacia que padecen instituciones gubernamentales como la Auditoría Superior de Michoacán, obliga a los tres niveles de gobierno, desde sus respectivas competencias, la oportunidad de transformar la manera de hacer su trabajo y brindar los mejores resultados en materia de fiscalización y rendición de cuentas”, indicó el legislador Moreliano.
Recordó que con dichas reformas, además de armonizar la legislación estatal con la federal, se sientan las bases para un Sistema Anticorrupción que realmente pueda implementarse en toda la estructura del gobierno de Michoacán y finalmente se sancione a quienes intentan cometer actos de corrupción, brindando con ello justicia, certeza y rendición de cuentas transparentes a los michoacanos.
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