En ese contexto, la titular de la Secoem, Silvia Estrada Esquivel, informó que se han venido desahogando los asuntos que se mantenían pendientes de resolver dentro de la dependencia, lo que ha derivado en cinco denuncias penales contra ex servidores públicos por irregularidades detectadas en diferentes ejercicios fiscales de esta década, luego de agotar todas las etapas previstas en cada uno de los procedimientos, incluidas las del derecho de audiencia.
Estrada Esquivel refirió que en ese marco se encuentra el caso con número de expediente administrativo DASC/AL-SEGOB/AUD-039/2012, en el que aparece el nombre de Fidel Calderón Torreblanca, y que conforme a derecho derivó a dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado por la existencia de hechos y conductas probablemente constitutivas del ilícito de peculado, según se acredita con la información del proceso de fiscalización contenida en el expediente.
La funcionaria explicó que la afectación en perjuicio del erario de Michoacán deriva de la Auditoría Financiera al Capítulo 4000 correspondiente a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, en el que se detectaron 254 documentos de Ejecución Presupuestaria y pago por un monto de 97 millones 737 mil 750 peos.
Dichos recursos fueron tramitados y asignados por Cinthya Paredes Cubillo, entonces delegada administrativa, así como por Cuauhtémoc Fernández González, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, ambos adscritos a la Secretaría de Gobierno.
Además, la auditoría arrojó como resultado la participación de Fidel Calderón Torreblanca, entonces secretario de Gobierno, ya que se emitieron y tramitaron Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago durante el periodo del 14 de enero al 28 de junio de 2011 por un importe de 69 millones 350 mil pesos por concepto de “4103 Ayudas Culturales y Sociales”, de los que no se tiene documentación comprobatoria que justifique el ejercicio de los recursos.
Un aspecto más es que dichos recursos fueron pagados con dotación de dinero en efectivo y cheques expedidos a nombre de ex funcionarios de la Secretaría de Gobierno, tal como se señala en el expediente.
Estrada Esquivel señaló que finiquitar los procedimientos de fiscalización es responsabilidad de las autoridades y los tiempos para sus resultados son determinados por las normas, no por las administraciones en turno.
“Todo servidor público debe estar consciente de la trascendencia de sus acciones y que su correcto o incorrecto proceder será el que juzgue la sociedad”, enfatizó.
