Morelia, Michoacán, 08 de mayo de 2017. El Consejo del Poder Judicial de Michoacán,
máximo órgano administrativo de la institución y encargado de tomar las decisiones
necesarias para una mejor administración de justicia, celebra este día su décimo
aniversario.
La creación del Consejo –instalado formalmente el 8 de mayo de 2007- se establece en la
Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán, reformada en 2006, la cual generó una
transformación en el Poder Judicial, ya que marcó una clara separación de las funciones
jurisdiccionales y administrativas.
Con él, Michoacán se incorporó a la tendencia nacional e internacional que busca
consolidar la independencia y autonomía de las judicaturas, mediante la creación de
órganos propios, de naturaleza eminentemente administrativa.
Se conforma por cinco consejeros, uno es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, quien lo preside; uno electo por el Congreso; uno designado por el gobernador
del Estado; un magistrado y un juez de primera instancia, ambos electos por sus pares.
Quienes lo conforman -sin importar su origen- ejercen sus funciones como integrantes de
este Poder, con independencia e imparcialidad, y por ende, no representan a quien los
elija o designe.
Entre sus objetivos destacan el garantizar y fortalecer la imparcialidad, independencia,
profesionalismo, eficacia, eficiencia e integridad judicial; y, vigilar la disciplina de las
áreas jurisdiccionales y administrativas, entre otros.
Se divide en tres comisiones: la de Vigilancia y Disciplina, donde los consejeros realizan
personalmente visitas de inspección a todas las salas, juzgados y áreas administrativas
cada año; la de Administración, que dirige y vigila las funciones de administración y
finanzas, estadística administrativa y recursos humanos; y la de Carrera Judicial, que
desarrolla y promueve actividades de capacitación, formación, actualización y
especialización del personal.
El pleno del Consejo tiene, entre otras funciones, crear órganos, áreas o dependencias
según las necesidades de trabajo y de acuerdo con las posibilidades presupuestarias;
establecer las bases, desarrollar y cuidar el cumplimiento de la carrera judicial. Sobre ésta
última, con la creación de este máximo órgano administrativo, se sentaron las bases de
una auténtica carrera judicial, al implementar los
concursos de oposición para conformar las reservas de las
diversas categorías laborales.
A través de sus determinaciones y acuerdos se abona al buen funcionamiento de la
institución, destacando en 2016 los siguientes: el Acuerdo en materia de austeridad y
disciplina del ejercicio del gasto público; creación del cargo de Traductor en Lenguas
Indígenas; apertura de juzgados familiares en Uruapan, Zitácuaro, así como el Octavo en
Morelia; creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios,
además del Padrón de Proveedores; y la integración formal del Comité de Transparencia.
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