Morelia, Michoacán, 07 de diciembre de 2016. De acuerdo con información del Departamento de Estadística del Poder Judicial de Michoacán, se han llevado a cabo 1,773 audiencias orales del orden familiar entre el 1 de enero y el 31 de octubre del presente año, con lo que se da mayor celeridad a la solución de controversias de esta materia.
Las audiencias orales se contemplan en el Código Familiar vigente en los 113 municipios de Michoacán desde el 26 de septiembre; este marco normativo incluye el juicio ordinario oral, que aplica al divorcio sin expresión de causa; y el juicio especial oral para los asuntos donde existan diferencias entre cónyuges y concubinos, sobre administración de los bienes comunes y cuestiones relacionadas con los hijos, custodias o connivencias.
Del total de audiencias realizadas en el periodo antes citado, 843 corresponden a rectificación, aclaración y levantamiento de actas de Registro Civil; 322 de divorcio sin expresión de causa y 85 más de mutuo consentimiento.
Aunado a lo anterior, los datos estadísticos reflejan que se realizaron 131 audiencias de acreditación de hechos, 77 de acciones de nulidad, 53 de alimentos, 32 de custodia o convivencia y 32 de pérdida o suspensión de patria potestad, entre otras.
En lo que se refiere al distrito judicial de Morelia, han ingresado 6,030 asuntos a los juzgados especializados y se han concluido 5,595; dado que este distrito registra el mayor número de asuntos, desde este 5 de diciembre cuenta con ocho juzgados en la materia para dar más agilidad a la resolución de los procesos judiciales.
Por lo que ve a los juzgados civiles o mixtos del interior del estado, han ingresado un total de 12,281 asuntos en materia familiar y se han resuelto 12,302.
Por otra parte, para la correcta aplicación de la norma vigente y el adecuado desarrollo de las audiencias, jueces y juezas realizaron estancias prácticas en entidades en donde desde hace varios años se aplica la oralidad para resolver los asuntos de esta rama del Derecho, además de los diversos cursos realizados por el Instituto de la Judicatura dirigidos también a secretarios de acuerdos y proyectistas, entre otros servidores públicos.
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