Dos mujeres de la comunidad de Nueva Victoria en San Fernando, Chiapas, fallecieron luego de que volcó el camión en que las transportaban acarreadas a ellas y a otras 33 personas para que votaran en la consulta de revocación de mandato presidencial del pasado domingo 10 de abril. Otras 20 resultaron heridas, entre ellas una niña.
El alcalde de ese municipio, Juan Antonio Castillejos los amenazó supuestamente con quitarles sus beneficios sociales en caso de no acudir a las casillas. Se quejan los pobladores que a final de cuentas les pagaron la ida con 15 pollos, tres kilos de arroz y unos kilos más de masa de maíz.
el diccionario de la Real Academia de la Lengua acarreado significa una persona que es llevada en autobús a un lugar para que participe en una manifestación o emita su voto mientras que en términos electorales se define como una práctica antidemocrática cuyo propósito es llevar bajo presión o algún estímulo a uno o más ciudadanos para que sufraguen por algún candidato o partido determinado.
El acarreo fue inventado y probado por el Partido Revolucionario Institucional, el más antiguo del país. No hay una fecha de cuándo se inició, pero fue una escuela que se quedó y ahora todas las demás organizaciones políticas lo llevan a la práctica como una estrategia para incrementar su votación o su presencia en tal o cual evento o mitin, sin importar las consecuencias. Ningún partido puede negar que lo hace.
Llevar gente acarreada a votar es ilegal; los delitos están contemplados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Sin embargo, pocas ocasiones se levantan cargos al respecto y se da seguimiento a la irregularidad. Por ejemplo, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, abiertamente invitaba a los ciudadanos en la Ciudad de México a ser trasladados a sus casillas respectivas para votar en la revocación de mandato del 10 de abril y hasta ahora no se sabe si está siendo investigado por ello.
Además de ser una práctica ilícita, llevar gente de un lado a otro resulta muy peligroso, sobre todo en los lugares de difícil traslado como ocurrió en el accidente reciente con la gente de San Fernando, Chiapas, que provocó dos fallecimientos. La historia de México registra muchos más.
El presidente municipal de San Fernando y sus colaboradores que participaron en el acarreo deben ser investigados e inculpados si tienen responsabilidad y aplicarse todo el rigor de la ley en caso de ser culpables. No puede haber impunidad en este caso porque costó dos vidas de mujeres valiosas para su comunidad y el sufrimiento de sus familiares.
El asunto no puede quedarse sólo en un pésame público. Tiene que aplicarse la ley sin importar el peso de quienes deben ser castigados; de esa manera, se comenzará a erradicar la criminal movilización de personas con fines políticos.
