La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, participó en el “Encuentro Nacional de Autoridades Vinculadas con Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” en la Ciudad de México.
Durante el evento, el personal de la Unidad de Derechos Humanos y Libertad de Expresión compartió experiencias sobre la aplicación de protocolos homologados en la materia. La institución recibió una mención especial por contar con un protocolo propio para la atención de casos y destacó la relevancia de la actualización constante ante nuevas modalidades de delitos digitales.
Reyna Lizbeth Ortega Silva, titular de la unidad, subrayó la importancia de temas como el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión de la FGR, la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas y los estándares estatales de protección para periodistas y defensores.
Coordinación interinstitucional y mecanismos de protección
Acompañada por el agente del Ministerio Público Salvador Salmerón Santos, Ortega Silva señaló que la FGE, bajo la coordinación del vicefiscal Israel Vega Rodríguez, ha impulsado una agenda de trabajo para identificar, prevenir, investigar y perseguir delitos que vulneren los derechos humanos, reforzando la protección a periodistas y defensores.
La funcionaria agradeció la distinción de Tobyanne Ledesma Rivera, directora del Mecanismo Federal de Protección, quien reconoció la colaboración de la FGE y el Gobierno de Michoacán, posicionando al estado entre los de mayor incorporación al mecanismo federal.
El encuentro, celebrado en la Secretaría de Gobernación, contó con la presencia de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos; Ruth Zenteno López, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión; y Maia Campbell, representante adjunta en México de la ONU-DH. Las autoridades coincidieron en que la colaboración interinstitucional es clave para garantizar y proteger los derechos humanos.