En estas actividades implementadas para dar cumplimiento a instrumentos internacionales que han sido ratificados por México y en atención a disposiciones federales y estatales, se contempla el otorgamiento de facultades a los titulares de las agencias del Ministerio Público para dictar órdenes de protección emergentes que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas de violencia.
En este sentido, también fue publicado el protocolo de actuación para la aplicación de medidas de protección, en el que se establecen las bases de atención y coordinación que faciliten la implementación de estas medidas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para la protección y atención y efectiva a las mujeres.
Bajo esa premisa, es importante resaltar que en el año 2016 se impusieron por parte del Ministerio Público o fuentes gestionados ante el juez, un total de 234 mecanismos que permitieron proteger la integridad de las mujeres afectadas por un entorno de violencia.
También fue creado el Centro de Justicia Integral para Mujeres (CJIM), que tiene como objetivo brindar una atención interinstitucional, coordinada y especializada a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, garantizado el acceso a la justicia y en general abonar a la reconstrucción del tejido social.
A efecto de garantizar la operación efectiva de dicho Centro, se emitió el Protocolo de Atención para las Usuarias de los Centros de Justicia Integral para Mujeres, el cual contiene una serie de lineamientos claros y sencillos que rigen el actuar del personal que ahí labora, a efecto de brindar a las usuarias servicios de calidad y eficaces desde la recepción hasta la conclusión del proceso.
Durante 2016, el CJIM brindó un total de 7 mil servicios multidisciplinarios a un total de mil 200 usuarias.
De igual forma, el 17 de octubre del año pasado fue creado el protocolo Alerta Alba, que consiste en la búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en el menor tiempo posible. Michoacán es el tercer estado que implementa esta acción.
Este sistema de búsqueda está encaminado a proteger la vida, libertad personal y la integridad de la persona desaparecida, situación que dependerá de las acciones emprendidas por las instituciones gubernamentales y sociales en favor de este sector poblacional.
Durante 2016 se activaron siete Alertas y en cinco de los casos se localizaron a las víctimas en buen estado de salud, mientras que en lo que va del presente año se han activado tres Alertas; en dos casos las mujeres fueron localizadas sin vida, haciéndose notar que las desapariciones fueron reportadas ante la autoridad días después de que los familiares detectaron la ausencia.
Cabe mencionar que como parte de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, durante 2016 se localizaron 455, gracias a la aplicación de protocolos de búsqueda de personas en el que se contempla también la Alerta Amber (mecanismo de búsqueda de menores de edad).
Otro de los acuerdos de los acuerdos de trascendencia fue el que dio origen a la creación de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos de Homicidio Cometidos en Agravio de la Mujer, con la finalidad de investigar y perseguir conductas relativas a la posible comisión de delitos de feminicidio y homicidio doloso en agravio de mujeres, definidos como la muerte violenta de mujeres por razones de género.
Esta unidad -la primera en su tipo que existe en el país- tiene como finalidad investigar y perseguir las conductas consideradas en el Código Penal para el Estado de Michoacán, relativas a la posible comisión de delitos de feminicidio y homicidio doloso en agravio de las mujeres.
Cabe mencionar que la Unidad de Asuntos Internos realiza visitas periódicas a las Fiscalías Especializadas y Regionales, a efecto de garantizar que dichas áreas cumplan a cabalidad con estas disposiciones.
Con estas acciones, la PGJE de Michoacán cumple con su compromiso de coadyuvar en las acciones que realiza el Gobierno del Estado, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando con ello el acceso a la justicia.
