Morelia, Mich., Lunes 16 de enero 2017.- Luego del terrible comienzo del año en cuanto a homicidios contra mujeres, donde suman al menos 11 casos en apenas los primeros 16 días de 2017, el diputado Eduardo García Chavira exigió a que se realice una investigación exhaustiva al respecto para catalogar si se trata de feminicidios, así como para que a los responsables les caiga todo el peso de la ley.
Lo anterior, lo señaló el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) tras recordar que lamentablemente 98 por ciento de los feminicidios en el país quedan impunes, según el Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres).
Si bien actualmente existe dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) una Fiscalía Especializada en Atención de Feminicidios, García Chavira enfatizó la importancia de que dentro de las instancias de justicia haya un estricto apego a los Protocolos de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para los Delitos de Feminicidio y Violencia Sexual.
Asimismo, el diputado hizo hincapié en que se requiere una fuerte sólido por parte de las instituciones gubernamentales para cerrarle el paso a la impunidad en Michoacán, donde los casos en contra de las mujeres, sin los adecuados lineamientos institucionales, se enfrentan a una desigualdad jurídica, se atenta contra la dignidad de las víctimas, así como se da pie a la discriminación.
Eduardo García agregó que si bien se han dado grandes pasos en Michoacán en contra de la violencia hacia las mujeres, como la declaratoria de la Alerta de Género en 14 municipios, aún falta un gran camino por recorrer, por lo que instó a dar continuidad a las acciones pendientes relativas a esta causa, como entre otras cosas, mecanismos de protección a las mujeres defensoras de los derechos humanos y a periodistas.
Aunado a ello, opinó que debe fortalecerse la instrumentación de protocolos de investigación para los feminicidios en Michoacán, así como para la investigación de los delitos sexuales y desapariciones, la atención y protección a víctimas, de la mano de la creación de un sistema estatal de profesionalización y capacitación de los Ministerios Públicos y personal vinculado a los procesos de investigación.
Finalmente, cuestionó los resultados y contribuciones del decreto de la Alerta de Género en los 14 municipios, ya que parecer ser que no se han concretado las medidas necesarias, así como ha faltado claridad en cuanto a la asignación de los recursos para la operación de la declaratoria.
