Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2017. Con el objetivo de divulgar la cultura del respeto a los derechos humanos, el Poder Judicial de Michoacán, en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos. El evento, realizado en el Palacio de Justicia del Centro Histórico, contó con la participación de Juan Salvador Alonso Mejía, magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Simón Baca Suárez, encargado de la sede histórica de la SCJN en Ario de Rosales; y por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jennifer Reynoso Díaz, encargada del Área de Psicología, y
Gerardo Andrés Herrera Pérez, coordinador de estudios, divulgación y capacitación.
El magistrado Alonso Mejía explicó que si un juzgador observa en audiencia que la persona imputada presenta algún daño físico, tiene la obligación de dar vista a las autoridades competentes para que se inicie una investigación y se establezcan
parámetros que den como resultado el origen del maltrato en cuestión.
Detalló que los actos y omisiones que atentan la integridad física de las personas inculpadas repercuten en la investigación, ya que si la declaración se determina como ilícita se tiene que descartar de la carga probatoria, e incluso, se deberá reponer el
juicio conforme a los derechos humanos.
Por su parte, Baca Suárez refirió que el primer tribunal de justicia del país ubicado en
Ario hace doscientos años fue uno de vanguardia para su época, ya que posterior a su instalación se asentó en las leyes la prohibición de la tortura, la distinción de castas y se marcó un precedente para establecer que las penas deben ser proporcionales a los
delitos.
Agregó que en los Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán también se distinguen los primeros esbozos normativos en materia de derechos humanos; y que la reforma de 2011 ha sido un parteaguas para trabajar intensamente por la cultura del respeto de los mismos. En este sentido, el protocolo contribuye a la difusión de temas
como la no discriminación, la igualdad, la libertad y acceso a la justicia, entre otros.
La psicóloga Jennifer Reynoso Díaz habló de los problemas prácticos dentro de la investigación de los medios de prueba cuando se presenta un caso de tortura “las normas internacionales son muy claras al establecer que basta un solo caso de presunta tortura para que el Estado esté obligado a investigar, procesar y castigar este delito”. Al abordar el sistema de justicia penal oral, enfatizó en la necesidad de contar con una policía científica que domine los métodos y técnicas acordes con los derechos humanos,
además de la unificación de criterios en la investigación.
Gerardo Herrera apuntó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha editado diversos protocolos de actuación desde una perspectiva incluyente, ya que en ellos se
plasman la interculturalidad y la transculturalidad del país.
Agregó que dichos documentos permiten a jueces y juezas contar con elementos normativos, teóricos y epistemológicos al momento de resolver los asuntos sometidos a su consideración; al tiempo que reconoció que actualmente se cuenta con marcos normativos, estructuras operativas y políticas públicas encaminadas a combatir,
sancionar y erradicar la tortura.
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