Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2017. Con el objetivo de establecer mecanismos para llevar a cabo acciones de capacitación, educación, promoción y difusión de los derechos fundamentales, el Poder Judicial de Michoacán y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) firmaron convenio de colaboración.
Durante su intervención, Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, expresó que “el convenio tiene el propósito de fortalecer los lazos entre las instituciones ya que a ambas nos compromete, desde el ámbito de nuestras competencias, el firme avance de los derechos humanos como condición esencial del Estado democrático de Derecho al que aspiramos”.
Añadió que la impartición y administración de justicia no son ajenas a los derechos humanos “quienes integramos el Poder Judicial estamos convencidos de la trascendencia que tiene, en nuestro quehacer, el respeto, la observancia, así como el desarrollo progresivo de las prerrogativas que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser seres humanos”.
Enfatizó que la dignidad inherente que poseen los justiciables, respecto de quienes ejercen las atribuciones que la Constitución y los tratados internacionales confieren, exigen de los juzgadores y del personal que colabora con ellos, resolver las controversias sometidas a su consideración a la luz de los derechos humanos.
Por su parte, Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, afirmó que con el convenio de colaboración se sumarán capacidades, experiencias y conocimientos por una permanente promoción de los derechos fundamentales; de igual forma, reconoció que el Poder Judicial de Michoacán es un aliado en la protección en temas de trascendencia como los derechos humanos.
Señalo que “la igualdad, la libertad, la no discriminación, el trabajo y el debido proceso, entre otros, son derechos que es urgente se perciban como accesibles y como una realidad en Michoacán y todo el país”.
Al hablar del sistema de justicia penal acusatorio y oral, refirió que pese a las opiniones vertidas a nivel nacional sobre éste, “desde la Comisión pensamos que es muy apresurado decir que es deficiente, es necesario darle tiempo para que se palpen sus resultados, ya que todo es perfectible”.
Finalmente, el ombudsman michoacano enfatizó la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia y aclaró que “toda prueba obtenida de manera ilícita,
deberá ser excluida de la carga probatoria; ahí estriba la importancia de seguir divulgando el contenido esencial de todos los derechos humanos”.
Sobre el convenio, las cláusulas señalan que ambas instituciones participarán en la organización de campañas de divulgación referentes a los derechos humanos, así como en el diseño y elaboración de materiales de difusión.
Asimismo, se comprometen a proponer a ponentes que llevarán a cabo las actividades de capacitación y educación, pudiendo ser integrantes de la sociedad civil, del ámbito académico, o bien, servidores públicos de las instituciones firmantes.
El instrumento jurídico estipula que la Comisión diseñará programas que abonen a la promoción, capacitación y educación en materia de derechos humanos; en tanto que el Poder Judicial participará de manera conjunta en la impartición de éstos, que estarán dirigidos a la sociedad civil, servidores públicos y al sistema educativo en general.
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