Morelia Michoacán, 30 de noviembre de 2016.- La violencia en contra de las mujeres no es conciliable o negociable, requiere de un castigo”, demandó el diputado local por Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez al presentar en sesión ordinaria una iniciativa de decreto que reforma y adiciona la fracción I, del artículo 120 y el artículo 122 del Código Penal del Estado.
En sesión ordinaria, el legislador enfatizó que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones desiguales de poder que históricamente se han dado entre los géneros.
Y en la violencia contra las mujeres hay dos grandes verdades: más del 90 por ciento de los casos se dan en el seno familiar y laboral, sin embargo, más del 90 por ciento de los casos denunciados permanecen impunes.
Citó que en el informe turnado al parlamento por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), señala únicamente 10 feminicidios en lo que va de este 2016, datos que contrastan con los que señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con un total de 50.
Mientras que los observatorios ciudadanos de la entidad registran 61 homicidios de mujeres, y en algunos medios de comunicación, la información revelada es de más de 100 feminicidios en este 2016, en la entidad.
Urgió a la necesidad de erradicar todas las formas de discriminación y de violencia que existen contra las mujeres michoacanas a través de normas y leyes garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales.
Es por ello, que la iniciativa presentada por el diputado ciudadano, propone reformar el Código Penal del Estado, para aumentar las penas que se estipulan por feminicidio.
Además, en esta iniciativa se clarifica que es un feminicidio, al contemplar como actos de violencia contra la mujer, no solamente los perpetrados por agentes del Estado, sino también aquellos actos físicos, sexuales, psicológicos, económicos y laborales que violentan a las mujeres y que ocurren dentro de la familia y la comunidad.
“Que los Estados partes tienen la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas tendentes a la protección de las mujeres de cualquier edad, en contra de todas las formas de perjuicio o abuso físico, mental, abuso sexual y violencia en general”, manifestó.
En el contexto nacional, el Código Penal Federal contempla penas privativas de la libertad a quienes cometan este delito, que van de los 40 a los 60 años, por su parte, entidades como Veracruz y el Estado de México, prevén hasta 70 años, e inclusive, la prisión vitalicia en éste último.
Por lo cual, dicha propuesta se adecua a las preceptos nacionales e internacionales, sin violentar la que recientemente expidió como legislatura para las penas máximas en la entidad.
El abogado de profesión, propuso incrementar a 30 años la pena mínima para quienes incurran en este delito y a 50 años la máxima, en aras de castigar aquellos que cometen actos de extrema crueldad contra las mujeres, hasta privarlas de la vida.
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