Morelia, Mich., Miércoles 14 de diciembre 2016.- En voz de la presidenta de la
Comisión de Migración, Macarena Chávez Flores, fue presentada la Ley para la
Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias, para lo cual se
reunieron alrededor de 14 organizaciones de paisanos, así como jóvenes
estudiantes indocumentados, conocidos como ‘dreamers’, para dar su respaldo a
esta iniciativa.
La diputada por el Partido
Acción Nacional (PAN) leyó ante el pleno del Congreso el contenido de este
proyecto que promueve y garantiza los derechos humanos, valorando y respetando
su condición de migrante; impulsa políticas públicas a fin de garantizar su
desarrollo con dignidad; así como impulsa que la calidad de migrante no sea
objeto de discriminación.
En la sesión del Congreso en
la cual desde tribuna también dio un pronunciamiento en torno al Día del
Migrante Michoacano, Chávez Flores celebró que las instancias gubernamentales
pongan de manifiesto que la migración es y seguirá siendo una prioridad para
Michoacán.
Explicó que con esta ley
-turnada a la Comisión que preside- se incorporan nuevos derechos para los
migrantes, como recibir acompañamiento para acceder a los programas u obtener
recursos ante instancias nacionales, sean federales, estatales o municipales,
así como internacionales, -públicas o privadas-; el derecho a la identidad; a
tener acceso a una estrategia de integración social, cultural y laboral también
para los que regresan al Estado.
De la mano de estas garantías,
se incluye además el derecho a ser consultados y participar en temas
relacionados con la migración para la integración y ejecución de los Planes de
Desarrollo Estatal y Municipales, entre muchos otros.
Asimismo, la legisladora
destacó que estos derechos se harán extensivos a las familias de los
michoacanos radicados fuera del país, con el fin de atender la realidad
provocada por el fenómeno migratorio, donde por la ausencia de un respaldo
legal se vulneran a sus familiares.
Por último, Macarena Chávez
consideró fundamental el que esta ley instituye la atención de este sector
poblacional como una responsabilidad compartida entre todos los órganos del estado,
para la defensa de los derechos de los migrantes y sus familias.
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