5W Redactor Revista Digital Informativa
Morelia, Michoacán, 16 de febrero de 2017. “El nuevo sistema de justicia penal oral se
basa en el principio y derecho humano de presunción de inocencia y significa,
parafraseando al inmortal Morelos, que todo aquel a quien se impute un delito, tendrá un
juicio justo con todas las garantías”, señaló Marco Antonio Flores Negrete, presidente del
Poder Judicial de Michoacán, al presentar el informe de actividades 2016.
Durante su discurso, ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, del Consejo del Poder
Judicial, así como del gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, el presidente de la
Mesa Directiva del Congreso local Pascual Sigala Páez, jueces y juezas, entre otras
distinguidas personalidades, el magistrado presidente expresó que la judicatura
michoacana ha desarrollado un conjunto de acciones bajo los principios de justicia,
austeridad y transparencia.
Al hablar del sistema acusatorio adversarial oral, Flores Negrete señaló que “no pasa
inadvertido el malestar que en algunos sectores de la sociedad ha causado las
determinaciones de los jueces, lo cual es entendible, pues pareciera que somos
generadores de impunidad; sin embargo, hay que recordar, la Constitución ordena que el
proceso penal es acusatorio y oral”.
Asimismo, aclaró que si en un juicio se excluyen pruebas recabadas en forma ilícita, es
porque la Constitución garantiza que sólo podrá vencerse la presunción de inocencia con
pruebas obtenidas legalmente. “El ataque infundado de las decisiones de la judicatura, no
sólo desanima, sino que en forma prematura erosiona la confianza de la ciudadanía en el
nuevo sistema de justicia penal que con tanto esfuerzo y trabajo, se ha construido”,
señaló.
Enfatizó que todos los operadores jurídicos son responsables de la eficacia y eficiencia de
la nueva justicia penal y sólo bajo el concierto profesional de cada eslabón del proceso
penal, se puede cumplir la encomienda constitucional y exigencia social de impartir
justicia con todas las garantías, esclarecer los hechos, la protección del inocente, que el
culpable no quede impune y que los daños del delito se reparen.
Por otra parte, el magistrado presidente refirió que ante los retos que el país y Michoacán
enfrentan, las instituciones públicas tienen el deber de redoblar y acrecentar esfuerzos, a
fin de consolidar el entramado del estado social y democrático de derecho.
Coordinación de Comunicación Social
“La sociedad espera de sus autoridades, la respuesta ágil y oportuna a sus necesidades
concretas; de igual forma, está atenta a que los recursos asignados a las instituciones
públicas se manejen eficaz, eficiente, racionalmente y de manera transparente”,
puntualizó.
Asimismo, comentó que en el año que se informa la judicatura michoacana también
concretó la implementación de la oralidad en materia familiar, lo cual “representa un
avance en la modernización de este ámbito, no obstante, las restricciones presupuestarias
han impedido que se designe el número de jueces de instrucción oral que se requiere para
la preparación de las audiencias de juicio oral, así como la construcción y equipamiento
técnico adecuado de los espacios para el idóneo desarrollo de los procesos orales
familiares”.
Aunado a lo anterior, señaló la necesidad de una auténtica autonomía del presupuesto
asignado al Poder Judicial “impartir y administrar justicia, tareas confiadas a la judicatura,
exigen la plena independencia de quienes tenemos como responsabilidad garantizar el
acceso a la justicia de las y los michoacanos”.
En dicho contexto y a nombre del Poder Judicial de Michoacán, el magistrado presidente
hizo un llamado a la sensibilidad de la 73 Legislatura local así como al titular del Poder
Ejecutivo, para realizar las modificaciones necesarias a fin de que se estipule una cantidad
porcentual fija y adecuada “para que la judicatura estatal pueda hacer frente no sólo al
cúmulo de sus actuales competencias, sino, además, poder implementar, en forma
oportuna y eficaz, la serie de cambios normativos que se han realizado a nuestro
ordenamiento jurídico nacional y que deberán incorporarse al marco jurídico estatal”.
Finalmente, Marco Antonio Flores Negrete explicó que la sociedad michoacana merece una
impartición y administración de justicia que, además de resolver controversias y prevenir
mayores conflictos, se constituya en referente indispensable en la vida pública y en la
organización social.
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