CIUDAD DE MÉXICO.— El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) propuso crear una cédula nacional de riesgo feminicida, como instrumento técnico único y obligatorio para medir y valorar el riesgo que enfrentan mujeres, adolescentes y niñas ante situaciones de violencia.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género y de Seguridad Ciudadana para dictamen, y a la de Justicia para opinión. Plantea reformar las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal.
El legislador propone que la autoridad realice la medición y valoración del riesgo mediante la cédula, con evaluaciones médicas y psicológicas cuando se requiera. La aplicación no estará condicionada a que la víctima ratifique o presente denuncia formal, siempre que existan datos suficientes para su atención.
Además, cada nivel de riesgo corresponderá a un piso mínimo de medidas u órdenes de protección previstas en la ley. Estas se otorgarán de oficio y podrán ampliarse con medidas adicionales más protectoras.
La propuesta establece que antes de emitir, negar, modificar o suspender alguna medida de protección, la autoridad deberá consultar el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección. Si se desacata una medida, la autoridad deberá aplicar de nuevo la cédula y otorgar el piso mínimo correspondiente.
En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se busca que los Centros de Comando y Control consulten el Registro Nacional ante llamadas por violencia contra mujeres, adolescentes, niñas y niños, informando a la instancia correspondiente sobre medidas vigentes y nivel de riesgo.
El Código Penal Federal incorporaría una agravante al delito de feminicidio, aumentando la pena hasta en un tercio si se comete existiendo una medida u orden de protección vigente. Actualmente la sanción va de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa.
Asimismo, se propone reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que incurra en abuso de funciones la persona servidora pública que omita aplicar nuevamente la cédula ante hechos de violencia.
El diputado subrayó que la cédula no equivale a la Alerta AMBER ni al Protocolo Alba, pues actúa antes de que la mujer desaparezca, mide el riesgo y obliga a la autoridad sin difundir información personal.
En 2025 se registraron 721 feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Solo 10.5% de las mujeres violentadas presentan denuncia formal, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
Con información de Cámara de Diputados.















