La Fiscalía General de la República (FGR) busca llevar nuevamente ante un juez a diez exfuncionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por presuntas irregularidades en la contratación de servicios integrales de laboratorio clínico. Los contratos, adjudicados en 2018 a empresas vinculadas con el llamado ‘Cártel de la Sangre’, alcanzaron un monto máximo de 3 mil 675 millones de pesos.
A través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, el Ministerio Público Federal solicitó programar una nueva audiencia inicial ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.
De acuerdo con reportes periodísticos publicados el 15 de noviembre de 2026, la Fiscalía pretende formular imputación y solicitar la vinculación a proceso de los exservidores públicos por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Se trata de un segundo intento de judicializar el expediente, luego de que en julio de 2026 un juez dictara un auto de no vinculación a proceso, al señalar deficiencias en la exposición de la investigación ministerial.
¿De qué acusan a los exfuncionarios del ISSSTE?
La investigación se concentra en seis contratos plurianuales para prestar servicios de análisis clínicos en hospitales y unidades médicas del ISSSTE en todo el país.
Los convenios tuvieron una vigencia de julio de 2018 a junio de 2020. De acuerdo con la información proporcionada en el expediente periodístico, establecieron un monto mínimo de mil 470 millones de pesos y un máximo de 3 mil 675 millones, IVA incluido.
Según la hipótesis de la Fiscalía Anticorrupción, las contrataciones se realizaron el 29 de junio de 2018 mediante adjudicación directa, sin recurrir a una licitación pública abierta.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el estudio de mercado utilizado para justificar los precios y las condiciones técnicas. La Fiscalía sostiene que se elaboró exclusivamente con información proporcionada por las propias empresas participantes, sin incorporar cotizaciones independientes.
Empresas relacionadas con los contratos investigados
Entre las razones sociales que aparecen en la investigación periodística sobre las adjudicaciones figuran:
- Instrumentos y Equipos Falcón.
- Impromed.
- Dicipa.
- Hemoser.
- Centrum Promotora Internacional.
- Selecciones Médicas del Centro (Semece).
- Valtrum.
La FGR busca imputar a diez exservidores públicos que ocuparon cargos administrativos, de infraestructura, adquisiciones, auditoría y asesoría jurídica en el ISSSTE durante el periodo 2012-2018.
- Cecilia Tapia Mayans, exdirectora de Administración.
- Juan Carlos Larrieu Creel, exsubdirector de Infraestructura.
- Francisco Javier García Torres, exjefe de Servicios de Adquisiciones.
- Octavio Ernesto Alejo Nava, exsubdirector de Recursos Materiales y Servicios.
- Alexis Didier Vargas Macías, exjefe de Servicios, Normatividad, Control y Evaluación de la Subdirección de Recursos Materiales.
- Iliana Judith Pérez Pacheco, exjefa de Auditoría para el Desarrollo y Mejoramiento de la Administración Pública de la Unidad de Control Interno.
- Román René Valenzuela Gómez, exsubdirector de lo Consultivo de la Dirección Jurídica.
- Pedro Pablo Vera Maldonado, excoordinador administrativo.
- Marco Antonio Sánchez Altamirano, excoordinador administrativo.
- Eduardo Casarrubias Di Bella, excoordinador administrativo.
Los señalamientos corresponden a una investigación penal y no constituyen una declaración de culpabilidad. Los diez exfuncionarios conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad.
El revés judicial de julio de 2026
La nueva solicitud de audiencia ocurre después de que, en julio de 2026, el juez de control Marco Antonio González Cortázar dictara un auto de no vinculación a proceso a favor de los exfuncionarios.
La resolución respondió a omisiones técnicas y deficiencias probatorias en la exposición de la FGR, particularmente respecto de la participación individual de las personas señaladas.
Sin embargo, el juzgador no decretó el sobreseimiento del expediente. Por ello, la investigación pudo continuar y el Ministerio Público mantuvo abierta la posibilidad de presentar nuevamente sus argumentos ante un juez.
Según los reportes periodísticos, la Fiscalía optó por preparar una nueva imputación y solicitar otra audiencia inicial, en lugar de limitar su estrategia a combatir la resolución judicial mediante una apelación.
¿Qué es el ‘Cártel de la Sangre’?
El nombre ‘Cártel de la Sangre’ se utiliza para identificar a un grupo de empresas proveedoras de servicios integrales de laboratorio clínico y bancos de sangre, señaladas por prácticas de colusión en contrataciones públicas del sector salud.
Uno de los antecedentes institucionales más importantes es la investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), iniciada tras una denuncia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2016.
En agosto de 2020, la COFECE determinó que 11 empresas y 14 personas físicas incurrieron en prácticas monopólicas absolutas en siete licitaciones públicas convocadas por el IMSS y el ISSSTE entre 2008 y 2016.
La investigación quedó documentada en el expediente IO-003-2016 y derivó en sanciones económicas contra las empresas y personas involucradas.
Multas y daño al patrimonio público
De acuerdo con la COFECE, las prácticas de colusión consistieron en coordinar posturas, intercambiar información comercial sensible y abstenerse de competir en determinadas partidas regionales.
Entre los resultados documentados por la autoridad destacan:
- Daño al erario: al menos mil 200 millones de pesos, equivalentes a mil 389.7 millones a precios de 2023, según la evaluación publicada en 2024.
- Multas: sanciones conjuntas por 626 millones 457 mil pesos contra empresas y directivos involucrados.
- Reducción de precios: los precios promedio reales de los servicios de banco de sangre disminuyeron 23.7 por ciento en contrataciones posteriores, según la evaluación de la Comisión.
Estos antecedentes corresponden a las prácticas monopólicas investigadas entre 2008 y 2016 y deben distinguirse de la nueva investigación penal por los contratos del ISSSTE adjudicados en 2018.
La COFECE publicó posteriormente una evaluación sobre los efectos de las sanciones y el comportamiento del mercado de servicios integrales de laboratorio clínico y bancos de sangre.
Consulta el documento institucional: Evaluación ex post de la COFECE sobre los servicios de laboratorio y bancos de sangre.
El impacto en los servicios públicos de salud
La investigación también tiene relevancia por el alcance de los servicios de diagnóstico que ofrecen las instituciones públicas de salud.
De acuerdo con las cifras institucionales citadas en la documentación de la COFECE, durante 2023 el ISSSTE atendió a 3.7 millones de personas mediante estudios de laboratorio clínico, mientras que el IMSS brindó cobertura diagnóstica a 41.3 millones de derechohabientes.
La contratación de estos servicios representa una parte importante de la operación hospitalaria. Por ello, las posibles irregularidades en las adquisiciones públicas plantean interrogantes sobre el uso de los recursos destinados a la atención médica.
La evaluación de la COFECE también estimó que el sobreprecio asociado a las prácticas de colusión equivalía a 19 veces el gasto anual del ISSSTE destinado a la compra de marcapasos cardiacos.
¿Qué sigue en el caso del ISSSTE?
La nueva solicitud de audiencia representa otro intento de la FGR para que un juez analice los señalamientos contra los diez exfuncionarios y determine si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal.
La audiencia inicial será determinante para conocer si la Fiscalía logra sostener su imputación y obtener la vinculación a proceso, o si las defensas consiguen nuevamente una resolución favorable.
Por ahora, los señalamientos continúan sujetos a la valoración judicial y la responsabilidad penal individual de los exservidores públicos deberá determinarse conforme al debido proceso.
