La decisión tomada hoy en el pleno del Congreso del Estado es una clara muestra de que el trabajo conjunto entre Poderes y la construcción de acuerdos es imprescindible para hacer frente, con la fortaleza de las instituciones, a los grandes retos que nos plantea nuestra entidad.
Este día, el interés general en el bienestar de los ciudadanos se sobrepuso a los intereses de partido o de grupo, por lo que reiteramos nuestra disposición y apertura a seguir trabajando en esa ruta de los consensos.
La administración estatal iniciará en breve los procedimientos en busca de mejorar los plazos, intereses y montos de pago de la deuda pública, sin que haya de por medio contratación de nuevos adeudos, porque el objetivo de la reestructura de créditos bancarios es fortalecer a la hacienda estatal ante la inestabilidad en los mercados financieros internacionales que ha provocado un paulatino incremento en las tasas de interés, lo que implica una amenaza latente de reducir el margen operativo de programas y acciones gubernamentales que benefician de manera directa a la ciudadanía.
El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de garantizar que el proceso de reestructura de la deuda se apegue a los principios de transparencia y rendición de cuentas para que las y los michoacanos conozcan el uso y destino de los recursos públicos.
En este sentido, a diferencia de reestructuras anteriores, las instituciones bancarias con las que se realizará el refinanciamiento serán determinadas en un concurso de licitación pública, con base en las propuestas que ofrezcan mayores ventajas a la administración estatal.
Ya se llevó a cabo un proceso licitatorio para elegir a prestadores de servicios encargados de brindar asesoría para concretar la reestructura, mismo que se realizó con apego a la normativa y procedimientos que establece el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
La reestructura de la deuda, junto con el Acuerdo del Ajuste en el Gasto Público y Eficiencia en el Gobierno para Fortalecer la Economía y las Finanzas Públicas del Estado, mejorará el flujo de efectivo para que la administración estatal garantice la operatividad de obras, programas y destine recursos a acciones en beneficio de la ciudadanía, porque el bien común y la justicia social son principios que le dan sentido al ejercicio de la función pública.
