Ciudad de México; 17 de marzo de 2016.- El Gobierno de la República trabaja en el fortalecimiento institucional y de infraestructura necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ha asegurado Angélica Rivera de Peña, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, quien además subraya que todos los esfuerzos están encaminados a garantizar el interés superior de la infancia.
A través de la operación de las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y otros programas, el Estado mexicano está en capacidad y compromiso de garantizar sus derechos.
Rivera de Peña ha sostenido que la prioridad es hacer que se cumpla con lo que marca la Ley, la cual contempla 21 derechos, como el derecho a la vida, a la identidad, a vivir en familia, a no ser discriminado, a la libertad de pensamiento y expresión; a la intimidad y a que se atienda su condición de migrantes; de lo que se trata, recalcó, es cumplir en todo momento con la defensa de los derechos de la niñez.
Ha resaltado que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, encauza sus programas de manera transversal en los tres niveles de gobierno, a fin de que cada menor goce de una buena alimentación, mejores servicios de salud, que vayan a la escuela y reciban una educación de mayor calidad; que tengan una vida libre de violencia y discriminación para así garantizar su desarrollo y sano esparcimiento.
La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, en diversas ocasiones ha reiterado que si queremos un México libre de violencia, es imprescindible que nuestros niños y adolescentes crezcan en un ambiente de respeto, paz y armonía, pues de la formación que reciban dependerá una mejor sociedad. “Las niñas, niños y adolescentes sanos, alegres y preparados de hoy, serán los ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos del futuro”, expresó.
Es importante mencionar que la Ley establece los principios y criterios que deben orientar la política nacional en esta materia y destaca el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes de gozar del mismo trato, derechos y oportunidades, además del fortalecimiento de las medidas de protección a los menores con discapacidad y recientemente el derecho a vivir en paz.
Asimismo, este ordenamiento jurídico promueve el derecho a la salud gratuita y de calidad, que incluye el acceso a asesorías y orientación sobre salud sexual y reproductiva; el derecho a la educación de calidad, en congruencia con la Reforma Constitucional en la materia y que garantice su pleno desarrollo; el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
La Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo ha sostenido que la ley también señala que las voces y las ideas de niñas, niños y adolescentes en México deben ser escuchadas y tomadas en consideración, respecto a asuntos que sean de su interés, conforme a su edad y desarrollo.
Y reafirma que se amplían los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, para brindar una mayor protección y asegurar su integridad, y establece que corresponderá al DIF Nacional y a los estatales, el alojamiento de menores migrantes, mientras se determina su condición.
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