Acabó de escuchar un anuncio en radio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con un remate muy al estilo de esta administración ¡Al servicio del pueblo! Me quedé pensando si este organismo, creado en 1990 por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, realmente apoya en la actualidad las causas populares o cuando menos acata los objetivos primordiales de sus funciones: promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplan con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos.
Hace unos días pasé por las oficinas de la CNDH y había una manifestación de un grupo de personas que acusaban a la presidenta María Rosario Piedra Ibarra que había actuado con negligencia en el caso de un grupo de migrantes de cierta zona del país. Los protestantes estuvieron varias semanas frente a las puertas del organismo, pusieron música, cerraron la lateral de la calle, pero al parecer nadie les hizo caso. Estuvieron alrededor de 20 días y se fueron. No supe si les cumplieron sus exigencias. Estoy seguro que no porque demandaban la renuncia de la hija de la activista ya fallecida, Rosario Ibarra de Piedra.
El 12 de noviembre de 2019 asumió sus funciones como presidenta Rosario Piedra Ibarra. Termina su periodo en 2024. Desde la votación para elegirla, hubo discrepancias entre partidos políticos porque la oposición afirmaba que hubo fraude en el proceso. Ella era la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador y sospechaban que iba a entregar el organismo al servicio del mandatario.
Hay voces que, a casi cuatro años de la elección de Rosario Piedra, siguen señalando que la CNDH ha sido tibia y muchas ocasiones omisa en varios pronunciamientos. También se quejan de que las visitadurías están prácticamente desaparecidas.
Los partidos de oposición de plano acusan que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, con Rosario Piedra, al frente, ha estado al servicio del gobierno y las pocas acciones a favor “del pueblo” han sido minimizadas por omisiones graves o injerencias sin sentido, como por ejemplo en el tema electoral.
En una comparecencia el 12 de agosto de 2022 ante la Cámara de Senadores, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, acusó que la CNDH está entregada al gobierno. Describió con tres palabras la actuación del organismo en este sexenio: omisión, sumisión y escándalos, además, recalcó, corrupción. Claudia Anaya, senadora del Partido Revolucionario Institucional, le reprochó que no ha alzado la voz por la falta de medicamentos, por los niños con cáncer y la militarización del país.
El colmo fue cuando, sin ninguna injerencia legal, la CNDH emitió un comunicado en el que se pronunció por reformar al Instituto Nacional Electoral al que acusó de propiciar sabotaje “a la voluntad del pueblo”, “guerra sucia” y de “mantener vicios que por siglos han manchado nuestros procesos electorales”. A Rosario Piedra le valieron las críticas y las trasgresiones a la ley y a sus propios estatutos.
Cuando se van a cumplir en noviembre cuatro años de la presidencia de Rosario Piedra en la CNDH, ustedes dirán si en verdad el organismo está al servicio del pueblo.
