Morelia, Mich., Domingo 16 de julio 2017.- Con el interés primordial de velar por el bienestar de los ciudadanos y hacer que las leyes del estado realmente les brinden protección, el diputado del PAN Carlos Quintana Martínez, celebró la aprobación de su propuesta de Ley de Responsabilidad Patrimonial por parte del Pleno del Congreso del Estado de Michoacán.
Al respecto, Quintana Martínez explicó que dentro de las principales bondades de este cuerpo legal, es que se reconoce y se hace efectivo el derecho de indemnización para aquellos ciudadanos que sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de un trabajo irregular o negligente por parte de los entes públicos del Estado.
Ahora, el Estado estará obligado a pagar los daños y perjuicios que causen los servidores en el ejercicio de sus funciones, además de establecer un procedimiento accesible para cualquier ciudadano, que simplifique y vuelva efectivo este derecho constitucional.
“Con esta iniciativa, lo que quisimos fue consolidar las bases y los incentivos para que quienes ocupen un lugar en la función pública, actúen de manera responsable, eficiente y profesional en su labor, a fin de que no sean los ciudadanos quienes tengan que pagar o verse afectados por un trabajo irresponsable o mal hecho por parte de quienes laboran en el servicio público”, insistió el también integrante de la Comisión dictaminadora.
El diputado local ejemplificó la aplicación de esta norma al señalar que cualquier ciudadano que sufra algún daño a su vehículo a causa de obras mal hechas o mal reparadas por parte de la autoridad, podrá demandar la indemnización por parte del funcionario o instancia responsable.
De esta manera, Carlos Quintana aseguró que es una exigencia social que el Estado en sus distintos niveles de gobierno, se haga responsable y dé respuestas claras cuando por un trabajo irresponsable, afecte el patrimonio del ciudadano, por lo que con este marco legal, los michoacanos finalmente podrán ejercer su derecho a ser indemnizados de manera expedita, simple y eficaz, frente a cualquier actuación irregular del Estado.
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