5W Redactor Revista Digital Informativa
Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2016. Con el objetivo de abonar a la mejora continua en el servicio de impartición de justicia para resolver asuntos relacionados al fenómeno migratorio, se llevó a cabo la conferencia magistral Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan a personas migrantes y sujetas a protección internacional.
Dicha actividad académica fue organizada de manera conjunta entre el Poder Judicial de Michoacán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Secretaría del Migrante en la entidad.
Durante su intervención, Emmanuel Roa Ortiz, director del Instituto de la Judicatura y a nombre de la institución, comentó que “esta conferencia se enmarca en el Quinto Taller de Migración y Judicatura Local, realizado el 11 y 12 de noviembre, el cual tuvo por objetivo mejorar las prácticas y atención a la población migrante”.
Por su parte, José Luis Gutiérrez Pérez, titular de la Secretaría del Migrante del estado, agradeció la voluntad del Poder Judicial de Michoacán para llevar a cabo estas acciones de capacitación y sumar esfuerzos en beneficio de la población migrante.
Al dar inicio a la charla, Fernando Pintado Corral, subdirector de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, precisó que a raíz de la reforma de 2011 en materia de Derechos Humanos, surgen obligaciones constitucionales que deben ser atendidas por los juzgadores en México para dar mayor certeza jurídica.
En este sentido, refirió “esa es la razón por la que la Suprema Corte emitió los diversos protocolos de actuación, cuyo fin es dotar de mejores herramientas a jueces y juezas”, y se integran por marcos jurídicos, principios generales, derechos para hacer efectivo el acceso a la justicia y reglas de actuación.
Añadió que la aplicación de éstos no es obligatoria, ya que es una herramienta que amplía la visión de las responsabilidades a las que tienen que hacer frente los juzgadores al resolver asuntos de grupos vulnerables y plantean reglas específicas de actuación para los operadores jurídicos.
Pintado Corral aclaró que los protocolos no afectan la autonomía e independencia de los tribunales estatales ni de los federales, ya que su función se centra en ampliar el panorama respecto de los marcos jurídicos nacionales e internacionales que pueden ser utilizados, en los que se privilegia el principio pro persona.
Finalmente, enfatizó que abonan a tangibilizar el respeto de los derechos humanos y a que la ciudadanía tenga un trato digno y apegado a derecho, ya que la población migrante con frecuencia es víctima de delitos como secuestro y extorsión, situación que demanda de mayor responsabilidad y atención por parte de las instituciones relacionadas al fenómeno de la migración.
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