Morelia, Michoacán, 02 de febrero de 2017. En los últimos años, el Poder Judicial de Michoacán ha sumado a sus responsabilidades nuevos compromisos en la impartición y administración de justicia, priorizando en todo momento la calidad y eficiencia en el servicio que presta a la ciudadanía.
Desde julio de 2013 el Poder Judicial implementó la oralidad en asuntos de corte mercantil, de acuerdo a lo establecido en la reforma al Código de Comercio Federal del 27 de enero de 2011, y en la Ley Orgánica de la propia institución.
Dada la poca suficiencia económica para contar con nuevos jueces especializados en oralidad mercantil -ya que el presupuesto ejercido ese año fue de 1,111 millones 143 mil 500 pesos-, el Consejo determinó que los jueces de primera instancia civiles y mixtos, atendieran los asuntos en esta materia bajo la nueva normatividad.
Posteriormente, el 7 de marzo de 2015 inició la entrada en vigor –por regiones- del nuevo sistema de justicia penal en la entidad; para ese año, el recurso público asignado a este poder disminuyó en comparación a lo ejercido en 2014 (alrededor de 1,185 millones), pasando a 1,140 millones 481 mil 922 pesos.
Para cumplir con esta nueva responsabilidad, el Poder Judicial de Michoacán intensificó los trabajos en materia de capacitación de los servidores públicos operadores del sistema, así como en infraestructura para contar con salas de oralidad y espacios acordes con las necesidades del mismo sistema penal.
Al margen de las reducidas ampliaciones y las disminuciones en el presupuesto, la institución ha venido realizado economías, por lo que actualmente cuenta con 22 salas de oralidad en las 6 regiones, en las que 22 jueces y juezas de oralidad han presidido más de 5 mil 600 audiencias públicas.
En 2015 inició vigencia el nuevo Código Familiar para Michoacán, de manera escalonada y concluyendo en septiembre de 2016. La aplicación de este marco normativo ha representado significativos esfuerzos financieros para el Poder Judicial que incluyen estadías de capacitación para juzgadores en entidades con experiencia en la materia, así como la adquisición de herramientas tecnológicas y equipo de grabación indispensables para el desarrollo de audiencias. Dadas las condiciones financieras, la construcción o adecuación de salas necesarias, se ha visto limitada.
Para 2017 –y con un presupuesto de 1,152 millones 394 mil 933 pesos- para la institución constituye un reto lograr cubrir las necesidades para continuar dando un servicio eficiente y de calidad, pues se requiere la contratación de 40 jueces de instrucción en materia familiar, así como otros 20 jueces de oralidad penal, dada la creciente carga de trabajo en el sistema acusatorio adversarial oral. En este mismo sentido, se pospone la continuación de la obra del centro de justicia en Lázaro Cárdenas y el inicio de construcciones en Huetamo y Zitácuaro.
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