El proyecto no contempla la contratación de nuevos financiamientos que deriven en el incremento en un sólo peso la deuda, la cual, debido a los altos intereses y esquemas contratados por pasadas administraciones, alcanza actualmente los 17 mil 383 millones de pesos.
Ante el desequilibrio que dicha deuda ha provocado en las finanzas estatales, la propuesta considera solicitar una reestructura que mejore las condiciones financieras y los esquemas de pago.
Para ello, y atendiendo el resultado de los análisis financieros realizados, se implementará un proceso competitivo que contribuya a la selección de las mejores ofertas disponibles en el mercado financiero, enfocada a reestructurar el 63.5 por ciento de la actual deuda crediticia.
Esto significa modificar las actuales condiciones financieras y contractuales para reducir el flujo de pagos mensuales, de las tasas de intereses y fondos de garantía de pago, sobre un total de 11 mil 478 millones de pesos en financiamientos que actualmente integran la deuda pública.
La medida permitiría estabilizar las finanzas y recuperar capacidad de liquidez inmediata, mediante el ahorro que se obtenga de pagos mensuales de la deuda y la liberación de participaciones federales e ingresos propios.
Cabe señalar que dichas participaciones federales hoy se ven afectadas por las condiciones de pago poco favorables que se establecieron en las estructuras de financiamientos contratados en 2007 y 2013, a través de la emisión bursátil y créditos con instituciones financieras, respectivamente.
Una reestructura como la que se propone a los diputados locales para su análisis y aprobación, tiene una visión integral y de alto alcance.
Su aprobación permitirá no solamente reducir el costo del servicio de la deuda, sino también mejorar la calificación crediticia del estado mediante la renegociación de las condiciones contractuales y de obligaciones de los contratos financieros de 2007 y 2013, haciendo más accesible su pago y reduciendo la exposición del estado al riesgo de incumplimiento.
De mantener el actual esquema de pagos, tan sólo el pago de intereses por esos financiamientos tendría un incremento de aproximadamente 200 millones de pesos adicionales a lo que ya se viene pagando por ese concepto.
Esto es como consecuencia de la alta volatilidad que se ha presentado este año en el mercado financiero nacional e internacional, que ha provocado, entre otros efectos, el incremento de la tasa de interés objetivo conocida como Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio por parte del Banco de México.
La medida que hoy se propone va acompañada de un plan de austeridad que se viene aplicando desde el inicio de este Gobierno y que incluye medidas como la restricción de pagos de gasolina y telefonía móvil a funcionarios de primer nivel.
Además de la decisión del Gobernador Silvano Aureoles Conejo de reducir su sueldo en un 25 por ciento, y de otras medidas que han permitido disminuir el gasto corriente y hacer frente a los compromisos que pasadas administraciones contrajeron con proveedores y contratistas.
Para la administración estatal, la transparencia y el manejo responsable de los recursos son una premisa en el objetivo de reducir los efectos negativos de la deuda, sanear y estabilizar las finanzas públicas.
