Morelia, Michoacán, 11 de agosto de 2017. Como parte de las acciones emprendidas por el Poder Judicial de Michoacán para aportar a la sensibilización de servidores públicos de áreas jurisdiccionales y administrativas en materia de derechos humanos, se presentó el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos
de personas, comunidades y pueblos indígenas.
La actividad también se enmarca en la conmemoración por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y se realiza de manera conjunta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), institución responsable de la edición del protocolo. En él participaron Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y Gerardo Andrés Herrera Pérez, coordinador de estudios,
divulgación y capacitación en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán.
Estrella del Rocío López Maciel, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN en Morelia y moderadora de la presentación, señaló que éste y otros protocolos son una herramienta que -sin faltar a la autonomía e independencia judicial- auxilian a las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia apegándose a los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, tal como lo mandata la
Carta Magna.
Gerardo Herrera comentó que, a partir de la reforma de 2011, la creación de protocolos de actuación por parte de la SCJN, tienen relevancia porque aportan elementos teóricos y conceptos cognitivos como el de la dignidad humana y derechos humanos. Añadió que de la mano de la difusión de dichos textos es necesario que se imparta justicia en las lenguas de las comunidades y pueblos indígenas; en este sentido, aplaudió el trabajo de los juzgadores de la entidad para que ninguna persona quede al margen del
ejercicio de sus derechos humanos.
Durante su intervención, Bribiesca Vázquez refirió que ante temas como la discriminación y desigualdad es necesario buscar mecanismos que contribuyan a cumplir el principio de igualdad ante la ley, y que el hecho de ser indígena no debe ser motivo de exclusión. Explicó que el derecho indígena debe ser abordado desde un espectro cultural y que “por ello los jueces debemos entender que cuando juzgamos a un indígena, es necesario tomar en cuenta su cultura, la intervención de intérpretes y, sobre todo, conocer cuál es la situación o
circunstancia que originó su involucramiento en un proceso judicial”.
“El protocolo rescata lo mejor que se ha creado para proteger al indígena que se encuentra en estado de desventaja y recuerda la responsabilidad con la que se debe
impartir justicia a este grupo de la población”, finalizó.
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