La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) refrenda que el objetivo del proyecto es reducir las tasas de interés del 63.5 por ciento de la deuda total, la cual asciende a más de 17 mil millones de pesos, que se tiene con instituciones bancarias.
“Confiamos en que las y los diputados den un voto de confianza a esta propuesta. Es un decreto transparente, no hay letras chiquitas; no lleva implícita la contratación de más deuda”, sostuvo el titular de la SFA, Carlos Maldonado Mendoza, esta mañana en conferencia de prensa.
Ante representantes de medios de comunicación, detalló que la reestructura concierne directamente a cinco de 11 créditos contratados por pasadas administraciones.
Cuatro de los créditos a reestructurar fueron contratados con la banca en 2013 y el otro es una emisión bursátil adquirida en 2007, pero que por los altos intereses actualmente representan adeudos por 11 mil 478 millones de pesos para el Gobierno del Estado.
Expuso que la emisión bursátil, por ejemplo, fue contratada por 3 mil 500 millones de pesos y, aunque ha estado siendo pagada mensualmente, hoy en día se deben 4 mil 300 millones debido a que las tasas de interés están vinculadas con el incremento inflacionario.
Esto, aunado a que la tasa de referencia con la que el Banco de México regula los créditos bancarios se incrementó en cuatro ocasiones durante este año debido a la inestabilidad en los mercados.
Debido a esos incrementos, los mil 500 millones de pesos que el Gobierno del Estado había destinado para el pago del servicio de la deuda en 2016, se incrementaron a aproximadamente mil 800 millones de pesos.
Maldonado Mendoza señaló que si los créditos bancarios se mantienen con las actuales condiciones de pago, el próximo año se tendrían que destinar 2 mil 290 millones de pesos al pago de deuda.
“Por eso la imperante necesidad, desde nuestro punto de vista, de reestructurar estos créditos para mejorar las condiciones de pago. No es para pagar un solo peso más de deuda, sino para que la presión de los pagos no nos lleve a una presión extrema”.
“Lo que se está proponiendo es que sea un flujo de pagos más cómodos que permitan también seguir operando programas y obras con recursos que ahora se destinan al servicio de deuda”, explicó.
Las instituciones bancarias que llevarían a cabo esta operación financiera serían seleccionadas mediante un proceso de licitación en cumplimiento con la Ley de Disciplina Financiera.
Es decir, por primera se tendrá como base un proceso transparente e incluyente en el que Gobierno del Estado podrá elegir a las instituciones bancarias que ofrezcan los mejores plazos de pago y las tasas de interés más bajas.
Aunado a eso, gracias a las gestiones del Gobierno del Estado, en el proceso de reestructura se tendría el respaldo de Banobras que aportaría la Garantía de Pago Oportuno hasta por un 15 por ciento del monto total de la reestructura.
Esto significa que si el estado tuviera dificultad para cumplir con sus obligaciones financieras, se podría usar la garantía de Banobras para pagar a los bancos acreedores.
