• No se puede permitir una reforma electoral que perjudique el sistema democrático: Octavio Ocampo
• Un riesgo, la pretensión de asumir el control del sistema electoral mexicano
Morelia, Michoacán, a 28 de abril de 2022.-El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, consideró que la reforma electoral que impulsa el Presidente de la República, puede ser un riesgo para el sistema democrático del país.
Ocampo advirtió que con esta reforma que pretende el Presidente, existe el riesgo latente de que el gobierno federal se “apropie” y tenga el control del sistema electoral y su estructura, sobre todo cuando se aproxima la elección del 2024
“No vamos a permitir retrocesos ni acciones antidemocráticas. No se puede aprobar una reforma electoral que ponga en riesgo la democracia y las libertades en nuestro país”, expresó Ocampo.
El dirigente partidista, recordó que el PRD fue uno de los grandes impulsores del Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE), mismo que hoy pretenden desaparecer para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
“Nos ha costado mucho esfuerzo y trabajo crear instituciones sólidas como el INE, por eso, debemos apostar a su fortalecimiento, no a desaparecerlo”, enfatizó.
Una reforma electoral así como lo plantea el Presidente, representa el regresar a la época en que desde la Presidencia se organizaban las elecciones, se decía quiénes eran los candidatos y quiénes ganaban, dejando de lado la voluntad ciudadana, consideró Ocampo Córdova.
La reforma electoral del Presidente, plantea, Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular.
Además: Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que estos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá; Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales, entre otros aspectos que deben analizarse su viabilidad o no.
