Morelia, Mich., Lunes 12 de diciembre 2016.- México ocupa el doceavo lugar como el país más corrupto según el ranking global del Índice Global de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial, y difundido en octubre de este año, por ello, Héctor Gómez Trujillo, diputado del PAN en Michoacán, recordó la importancia de impulsar la exigencia de transparencia y rendición de cuentas a los servidores públicos.
El legislador panista recordó que en México aún es voluntario que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, lo que ha propiciado que menos de la mitad de los servidores públicos den cuentas de dicha información a la ciudadanía y que se pierda credibilidad hacia las figuras públicas.
En toda la República Mexicana solo 120 diputados han presentado su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
Héctor Gómez dijo que la corrupción ha generado un alto costo político, ya que según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, 83 por ciento de los ciudadanos no confía en los legisladores, 91 por ciento no confía en los partidos políticos y 80 por ciento de los mexicanos no confía en instituciones del sistema judicial.
“Estos índices son preocupantes porque nos refleja que la ciudadanía no confía ni en partidos políticos ni sus representantes por lo que existe un problema de representatividad en un sistema democrático”, opinó.
Además, agregó que debido a la corrupción, se pierde una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo, y las Naciones Unidas reafirman el hecho al declarar que cada año se paga un billón de dólares en sobornos.
A la par, se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5 por ciento del Producto Interior Bruto mundial.
Por último, volvió a hacer un llamado para que se acelere la reforma a la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán y sus Municipios, que presentó como diputado, para que la declaración patrimonial sea obligatoria y no voluntaria en el estado.
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