Morelia, Michoacán, a 30 de mayo de 2017.- Michoacán requiere de medidas drásticas que abonen al combate y erradicación del problema que atañe a gran parte de la población como lo es la corrupción, ya que de manera desafortunada la entidad ocupa el deshonroso cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de habitantes víctimas de este mal, manifestó la diputada Macarena Chávez Flores, integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán.
Lo anterior, luego de que en reunión de trabajo del Grupo Plural de Trabajo para el Estudio y Análisis del Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, que está integrado por las comisiones de Gobernación, Justicia, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Jurisdiccional y de Puntos Constitucionales, aprobaran los dictámenes mediante los cuales se expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; la Ley de Responsabilidades Administrativas; y las reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, todas del Estado de Michoacán.
En este contexto, la parlamentaria del Partido Acción Nacional señaló con datos de la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aplicada en 2015, que Michoacán registró una tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes, 16 mil 321 personas fueron víctimas de la corrupción en dicho año; y en materia de incidencia hubo 29 mil 144 actos de corrupción.
Macarena Chávez celebró que en el Congreso del Estado se esté trabajando por construir instrumentos legales que ayuden al combate de la corrupción, en las cuales se destacan por privilegiar la coordinación entre los diferentes órdenes de Gobierno, las instancias gubernamentales y la participación de la sociedad civil.
Asimismo, precisó que con estos nuevos ordenamientos que serán puestos a consideración del Pleno, se busca generar políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción, instruyendo las bases y principios de una cultura de la legalidad e integridad en el servicio, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización y el control de los recursos públicos.
