5W Redactor Revista Digital Informativa
Uno de los grandes retos actuales de todos los países es la armonización territorial considerando un equilibrio entre la economía, la sociedad y la protección al medio ambiente. A mi paso por Francia la primera sorpresa fue que me encontré con muchas poblaciones, podremos decir con poca población, pero con todos los servicios, inclusive, con sus espacios naturales perfectamente delimitados y protegidos. Advertí una correlación entre la población y el acceso al mercado laboral, bienes y servicios. Además, en las villas o municipios pequeños los integrantes de los ayuntamientos, los electos políticamente, no percibían ningún salario, pues su principal fuente de ingresos es otra actividad. Dicho sea de paso.
El gran reto de México país, es lograr una armonización del territorio para detener los crecimientos urbanos desordenados, y el deterioro del medio ambiente. Así como la perfecta delimitación de zonas de crecimiento urbano, zonas industriales, turísticas, culturales y, quizás, la más importante de ellas: las zonas para la producción agropecuaria. Ésta última actividad es de capital importancia en todas las distintas etapas de vida de los países, pues la soberanía alimentaria es el pilar fundamental de las naciones. Inclusive, tendríamos que fomentar el que las grandes empresas de las distintas ramas de la industria y los servicios debieran tener, derivado de sus ganancias, un determinado porcentaje que dedicaran al sector primario. La ecuación es muy sencilla, antes que otros satisfactores secundarios está el de la alimentación de la población.
El pasado 22 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un convenio de colaboración para armonizar los ordenamientos de los usos del territorio nacional contenidos en las leyes reglamentarias del Artículo 27 constitucional.
Las secretarias de estado intervinientes son SEDATU, Medio Ambiente, Turismo, SEMAR y Cultura. Así como otros organismos descentralizados de la Administración Pública Federal como es el caso de la Procuraduría Agraria. Institución encabezada por Luis Hernández Palacios Mirón que cuenta con la figura del visitador y del abogado agrario, que permean todos los rincones de nuestra república mexicana. Esto es, los 32,154 ejidos y comunidades con que cuenta el país y aproximadamente una población rural de 25 millones de personas. A 30 años de la reforma del Artículo 27 Constitucional y con el ordenamiento territorial que se ha dado a partir de la certificación de las tierras ejidales y comunales, el siguiente paso tiene que ser contar con una radiografía o diagnóstico ejidal de cada uno de los núcleos agrarios, a partir del cual se ponga en valor las riquezas, fortalezas y riesgos de todos los territorios o del territorio nacional, para que tengamos un campo productivo y ordenado. En el marco de este convenio de colaboración se debe lograr un grupo, por llamarlo de alguna manera, “de animación territorial”, que ponga a la vista de todos y con la participación de los tres órdenes de gobierno las potencialidades del territorio; poniendo en primer término la autosuficiencia alimentaria.
En este mismo marco de la armonización y ordenamiento de los usos del territorio serán de vital importancia los hallazgos que arroje el Censo Nacional Agropecuario que actualmente se realiza en el país, por parte del INEGI, con independencia de otros insumos tanto normativos como de planeación del territorio con que ya cuentan las distintas dependencias gubernamentales.
La alta presión sobre el territorio para los diferentes usos, tanto para el desarrollo de los centros de población como para las diferentes actividades económico-productivas, nos obliga, a partir de los diagnósticos que se tengan, hacer una planeación fina de cada región del país, pues nos estamos jugando el futuro medioambiental. Y tenemos que darle materia y vida a, como lo ha expresado el Procurador Agrario Luis Hernández Palacios Mirón, “el objetivo estratégico de la política agraria que lleva a cabo el gobierno de México a través de la Procuraduría Agraria y las instituciones del sector, es el de impulsar el desarrollo social y sustentable de los núcleos agrarios, bajo una concepción del aprovechamiento integral de los recursos que disponen en su territorio”.
* El autor es Licenciado en Derecho, Maestro en desarrollo rural, ambiental y de la sostenibilidad. Diplomado en Unión Europea. [email protected] @GOGAES
