• Los pueblos originarios no deben ser utilizados como bandera política.
• El 26 de agosto entregará su tercer informe de actividades.
A cuatro meses de que fue presentada ante el pleno, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez reiteró el llamado al Congreso Local a respaldar, en los hechos, a los pueblos originarios, con la aprobación del proyecto de Ley Indígena Integral para Michoacán, en la que se reconocen los derechos y se impulsa una mejor calidad de vida para el sector que ha sido olvidado por muchos años.
Como parte de su tercer informe de actividades, que será entregado de manera oficial el próximo 26 de agosto, Arturo Hernández lamentó que los legisladores no asuman su responsabilidad e inicien el análisis de la iniciativa de ley, la cual, recogió el sentir de más de 36 comunidades indígenas de Michoacán.
“Estamos a la espera y estamos buscando diferentes vías para agilizar el proceso de esta ley, que fue construida con la voz de los pueblos indígenas, su sentir y con la esperanza de lograr una nueva realidad en Michoacán”, señaló.
Arturo Hernández indicó que se encuentra a la espera de que el Congreso Local apruebe un exhorto para que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), lleve a cabo una consulta pública a las comunidades indígenas para la aprobación de la ley.
“Pareciera que no existe la voluntad de las autoridades para saldar la deuda histórica que se tienen con los indígenas michoacanos, con este proyecto, que inició su construcción desde el seis de febrero del 2020 con el primer foro abierto, estaríamos atendiendo los temas de salud, educación, economía, cultura, seguridad y organización gubernamental”, explicó.
La construcción de la iniciativa contó con la participación de las comunidades indígenas de Michoacán, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el IEM, así como autoridades gubernamentales quienes participaron en cinco mesas con los temas: autodeterminación, usos y costumbres, asignación de recursos, salud, educación, cultura, artesanías, así como seguridad pública y la Ley Orgánica Municipal.
