Un mandato que dejó Andrés Manuel López Obrador antes de dejar formalmente la presidencia fue la reforma judicial, aprobada el pasado 3 de septiembre por la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados. Con 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, se avaló en una sede alterna. Posteriormente, los congresos estatales dieron su visto bueno como parte del trámite legislativo.
Lo complicado viene ahora: la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral Federal y del Tribunal de Disciplina Judicial, además del 50% de los magistrados de tribunales colegiados de circuito, tribunales de apelación y los jueces de distrito del Poder Judicial. En total, más de mil cargos judiciales serán renovados.
Para esta monumental elección, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, solicitó inicialmente 13 mil millones de pesos para cubrir los costos. Actualmente está en negociaciones con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Cámara de Diputados, para reducir el gasto.
Además, el INE propuso aplazar las elecciones tres meses, llevándolas a octubre. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que se respeten las fechas previstas en la Constitución recién reformada. Asegura que el proceso debe realizarse sin demoras, siguiendo las instrucciones heredadas de López Obrador.
Un gasto monumental e innecesario
Independientemente del monto final, el costo será exorbitante. Fondos que podrían haberse destinado a prioridades nacionales, como salud, seguridad y educación, serán utilizados para este capricho político. Mientras tanto, los programas sociales que aseguran votos se mantendrán e incluso incrementarán, beneficiando a sectores como las mujeres de 60 a 64 años.
De acuerdo con el plan, la elección de jueces deberá celebrarse el 1 de junio de 2025. Este evento requerirá una movilización masiva de autoridades electorales trabajando a marchas forzadas. Sin embargo, el cumplimiento de este “sueño tabasqueño” no garantiza la erradicación de la corrupción en el Poder Judicial. Por el contrario, muchos temen que el sistema quede aún más subordinado a las consignas de Morena.
Poca motivación entre candidatos
Sorprendentemente, no hay mucho interés entre los posibles candidatos, quienes deben cumplir con estrictos requisitos como un promedio mínimo de 8 y cinco cartas de recomendación vecinal. A pesar de ello, la maquinaria morenista ya ha preparado suficientes aspirantes para evitar contratiempos.
Para cerrar este panorama, en la elección se perfilan figuras polémicas como Yazmín Esquivel, con su título cuestionado, y Lenia Batres, ambas potenciales candidatas a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conocidas por su afinidad con el oficialismo.
Las perspectivas no son alentadoras para México con esta reforma judicial. Como diría el famoso cantante: ¿Pero qué necesidad?
