En los meses recientes se ha estado hablando y escribiendo mucho de la desaparición de organismos autónomos desde que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una iniciativa de ley para desaparecerlos y que el gobierno se encargue de cada una de sus responsabilidades. En realidad, el anterior mandatario estuvo en contra de ese tipo de instituciones desde el principio de su sexenio o tal vez desde antes con esa famosa frase que alguna vez expresó de: “al diablo con las instituciones”.
En su proposición, hecha pública el 5 de febrero de este año, pide eliminar siete organismos “independientes”, con la justificación de la austeridad republicana y de que supuestamente “no atienden los intereses del pueblo”.
La iniciativa plantea transferir las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica a la Secretaría de Economía, del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la Secretaría de la Función Pública o a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno; del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Asimismo, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos a la Secretaría de Energía, y la denominada Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación a la Secretaría de Educación Pública.
Alguna ocasión se habló también de trasladar las responsabilidades del Instituto Nacional Electoral a la Secretaría de Gobernación, pero esa intención acabó al terminar la administración del anterior presidente consejero ciudadano del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien tenía graves diferencias con López Obrador.
Se habla mucho de la autonomía de los organismos, ¿pero de verdad hay autonomía en todos esos organismos que existen en México? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, autonomía significa que trabaja por cuenta propia, que no depende de otros para ciertas cosas. La realidad es que no existe la autonomía institucional; es más el estilo personal de administrar y de que los titulares se sepan manejar frente el poder, de acuerdo con lo que he observado en mis años de experiencia.
En primer lugar, todos los órganos autónomos dependen del subsidio del gobierno para vivir; incluso la Universidad Nacional Autónoma de México y sus cientos de investigaciones no podrían existir de manera independiente sin el presupuesto gubernamental.
Lo vimos con el Poder Judicial, supuestamente también autónomo; el gobierno lo apoyó mientras estaba como presidente Arturo Zaldívar, pero llegó Norma Piña, quien hizo un desplante a López Obrador al no levantarse a aplaudir su llegada en un evento y desencadenó la venganza presidencial que terminó en la iniciativa de ley para prácticamente desaparecer ese poder y aprobar que a partir de 2025 se tengan que elegir por votación a jueces y magistrados.
El INE, junto con el Consejo de la Judicatura Federal, ya no están en riesgo. No hay conflictos del gobierno con este organismo porque se han plegado a los deseos e instrucciones oficiales, principalmente para conceder al partido oficial, Morena, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. En respuesta, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recibió de la mayoría en el Congreso el premio del poder absoluto constitucional en sus decisiones, sin tener que pedir la aprobación de los consejeros.
A los otros siete organismos que están amenazados con desaparecer, en unas cuantas semanas se va a cumplir su extinción. El que más ha dado patadas de ahogado es el INAI, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo que haga lo que haga, va dejar de existir. Las instrucciones del patrón se cumplen ¡Qué caray!
¿Dónde está la llamada autonomía?
