Como intérpretes o como defensores, las poblaciones indígenas de Michoacán cuentan con un defensor bilingüe.
Morelia, Michoacán, a 10 de agosto de 2021.- Más allá del reconocimiento a su organización y su forma de vida, los pueblos originarios también tienen derecho a gozar de un sistema de justicia universal, sin limitantes o condiciones causadas por su lengua o su entorno sociocultural, es por ello que el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán (IDPEM), cuenta con defensores bilingües originarios de comunidades indígenas.
Así lo refirió el director del IDPEM, Ángel II Alanis Pedraza, en el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, al referir que cuando una persona se reconoce como indígena, también tiene el derecho a contar con un traductor o intérprete para atender sus temas relacionados con procesos jurídicos.
“Ante la ley todas las personas somos iguales, y el acompañamiento de un defensor bilingüe, originario de las propias comunidades, garantiza que su lengua y su cultura sean respetadas en todos los procesos legales”, explicó el Director Ángel II Alanís.
El principio pro-persona considera que una interpretación represente mayor protección al que se reconoce como indígena, aludiendo al artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, donde resalta, entre otras características, la pluralidad de nuestra Nación sustentada en sus pueblos indígenas y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Para garantizar este derecho, el instituto de la Defensoría Pública cuenta con dos abogados que además de sus títulos profesionales, también están certificados por el Departamento de Idiomas de la UMSNH que los acreditó como hablantes de la lengua purépecha, y son originarios de comunidades indígenas.
Uno atiende en Uruapan y conoce los asuntos que se generan la región de la meseta purépecha; otro a atiende desde las oficinas de Zamora para brindar asistencia a la población de la Cañada de los Once Pueblos.
Los temas más recurrentes de la comunidad indígena son en materia civil, mayoritariamente por rectificaciones de actas de nacimiento, errores en letras del nombre o los apellidos; en segundo lugar, está el tema familiar por pensiones alimenticias o divorcios, y en menor cantidad están los temas de orden penal, explicó el director del IDPEM.
