La reforma que prohíbe la contratación de deuda pública en Michoacán ya es una realidad tras su aprobación en el Congreso local. Con este cambio constitucional, el estado no podrá adquirir deuda a largo plazo y apuesta por estabilidad y transparencia financiera.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que la medida marca un parteaguas después de al menos tres décadas de endeudamiento. Sostuvo que hoy el recurso público alcanza porque se administra con orden y sin corrupción.
Además, destacó que su administración ha destinado 40 mil millones de pesos a infraestructura sin contratar nueva deuda, lo que —aseguró— demuestra que es posible impulsar el desarrollo estatal con finanzas sanas.
Reforma que prohíbe la contratación de deuda pública en Michoacán
La modificación constitucional impide que futuros gobiernos contraten deuda a largo plazo. Con ello, el estado fija un límite estructural al endeudamiento y fortalece el control del gasto.
El mandatario explicó que desde el inicio de su gestión asumió el compromiso de sanear las finanzas públicas. En consecuencia, ordenó la administración y priorizó el pago de obligaciones heredadas.
Deuda histórica de 22 mil millones de pesos
Entre 1993 y 2021, la deuda pública de Michoacán creció hasta alcanzar 22 mil millones de pesos. Esa carga financiera impactó presupuestos y limitó la inversión en diversos sectores.
Tan solo en los últimos tres años, el gobierno estatal destinó cerca de 20 mil millones de pesos al pago de créditos contratados en el pasado. Esta estrategia permitió reducir presiones financieras y recuperar margen presupuestal.
Impacto en programas y derechos laborales
De acuerdo con el Ejecutivo, la estabilidad financiera actual facilita el impulso de programas sociales y el fortalecimiento de infraestructura educativa. Además, permite cumplir puntualmente con los derechos laborales de trabajadores del estado.
También se avanza en la liquidación de créditos heredados a proveedores y terceros institucionales. En paralelo, el estado mantiene una política de disciplina fiscal alineada al marco federal, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
En el acto estuvieron presentes representantes del Congreso local, del Poder Judicial, del sector empresarial y coordinadores parlamentarios de distintas fuerzas políticas, quienes respaldaron la reforma constitucional.
Con esta decisión, Michoacán redefine su política financiera y establece un precedente en materia de responsabilidad hacendaria, al cerrar la puerta a nueva deuda de largo plazo y priorizar el uso eficiente del recurso público.
