Morelia, Michoacán, a 17 de enero de 2017.- En cumplimiento a la instrucción del Gobernador Silvano Aureoles Conejo de garantizar la transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de la Contraloría de Estado de Michoacán (Secoem) interpuso este martes 10 denuncias penales ante las procuradurías General de Justicia en el Estado (PGJE) y General de la República (PGR) contra quienes resulten responsables de presunto desvío de recursos públicos.
En conferencia de prensa, la titular de la Secoem, Silvia Estrada Esquivel, detalló que derivado de la auditoría realizada a los procesos de entrega-recepción de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, se identificó una probable malversación de recursos públicos de diferentes fondos que, en suma, representa un daño a la hacienda estatal por el orden de los 3 mil 759 millones de pesos.
Recordó que durante la presentación del Acuerdo para el Ajuste en el Gasto Público y Eficiencia en el Gobierno para Fortalecer la Economía y las Finanzas Públicas, el Gobernador Silvano Aureoles instruyó a la Secoem a presentar estos recursos legales para garantizar a la ciudadanía un ejercicio de gobierno apegado a los principios de transparencia y rendición de cuentas, preceptos que son fundamentales para reestablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Estrada Esquivel detalló que en octubre de 2015 la Secretaría de Finanzas y Administración presentó actas notariadas ante la Secoem en las que hizo constar la falta de recursos en diversas cuentas específicas.
Tras la investigación correspondiente, se identificó la falta de pago por concepto de aportaciones patrón-trabajador a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado por 92 millones 155 mil 951 pesos, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, aun cuando se realizaron las retenciones a los trabajadores a través de los descuentos respectivos.
De igual manera, tras la auditoría realizada al Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán correspondiente al ejercicio 2014 y al periodo de enero a septiembre de 2015, se determinó un daño al erario público estatal por la cantidad de mil 590 millones de pesos.
Otro de los asuntos de gravedad identificados corresponde a la falta de pago del Fondo General de Participaciones a los 113 municipios, ocasionando un daño a los Ayuntamientos y al erario público estatal por la cantidad de 96 millones 807 mil pesos. Esto ocasionó a su vez un daño al erario de los municipios que asciende a 247 millones 502 mil 129 pesos por haber omitido el pago de sus participaciones.
Derivado de lo antes expuesto, se instauraron procedimientos administrativos de responsabilidades a los ex servidores públicos, mismos que ya fueron resueltos y, por ende, notificados a los mismos.
En lo concerniente a recursos de índole federal, específicamente en el Fondo de Aportaciones Múltiples de los ejercicios 2012 y 2013, se determinó un detrimento a la hacienda pública federal por la cantidad de 386 millones de pesos.
Y en lo que respecta al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del ejercicio 2012, se identificó un daño al erario público federal por la cantidad de mil 594 millones de pesos.
La titular de la Secoem puntualizó que se presentaron denuncias penales en contra de quien o quienes resulten responsables por la presunción de posibles conductas delictivas que se advierten en la integración de los procedimientos seguidos por esta dependencia.
Precisó que en cumplimiento al Artículo 33, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, no se pueden proporcionar los nombres de los ex servidores que incurrieron en las conductas desplegadas y sancionadas por este órgano estatal de control, hasta que las dependencias correspondientes emitan sus resolutivos.
Acompañaron a la secretaria de Contraloría en esta conferencia de prensa la coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López Bautista; la subsecretaria de Contraloría Social, Laura González Velázquez; el director de Evaluación y Auditoría al Sector Central, Mario García Soto; el director de Evaluación y Auditoría al Sector Paraestatal, Roberto Pablo Domínguez Aguirre; el director de Evaluación, Control y Auditoría a Obra Pública, Eleazar Arellano Pulido; así como el director de Normatividad y Responsabilidades, Ernesto Ramírez Ochoa.
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