Por Ricardo Burgos Orozco
Vi una mañana reciente en un noticiero de televisión, una entrevista a una mujer del Instituto Nacional Electoral quejándose del trabajo para conseguir representantes de casilla para la revocación del mandato del próximo 10 de abril. Nadie quiere participar, acusaba y es cierto, muy pocas personas ni siquiera están enteradas de ello y de la trascendencia de ese ejercicio político, el primero de su tipo en el país.
Se habla de que se requieren 3 mil 830 millones de pesos para que el Instituto Nacional Electoral se encargue de organizar la revocación. Se deben contratar gente, instalar casillas, movilizar recursos tecnológicos y digitales para obtener los resultados lo más pronto posible y darlos a conocer.
Desde hace meses el presidente ciudadano del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ha afirmado en reiteradas ocasiones no tener presupuesto suficiente para ello y propuso posponer el ejercicio. Andrés Manuel López Obrador les planteó un plan de austeridad y ahorro para allegarse recursos; la respuesta fue de rechazo, pero rectificando que el INE cumpliría con su obligación y llevaría a cabo la consulta como estaba programada.
Para que el proceso sea válido se requiere que voten el 40 por ciento de la lista nominal del INE, es decir, unos 36 millones de ciudadanos. En caso de que ganara la negativa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el órgano encargado de emitir la declaratoria de revocación y en este caso, asumiría como interino el presidente de la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo tendría la responsabilidad de nombrar un nuevo presidente dentro de los 30 días siguientes. Éste concluiría su mandato el 30 de septiembre de 2024.
Los detractores de López Obrador insisten que sería casi imposible que perdiera la revocación. Más bien, creen que el tabasqueño sólo la usa para medir su popularidad; a final de cuentas, simple egocentrismo de su parte. Por eso también señalan que es un gasto inútil.
El mexicano común en edad de votar tampoco está pensando en la revocación de mandato como su prioridad. Nuestra preocupación está en no contagiarnos con la nueva variante Ómicron o con el Covid 19, que sigue causando diario hospitalizaciones y fallecimientos, aunque el gobierno lo minimice.
También estamos más angustiados por la violencia generalizada en el país, por la inflación, por la contracción de la economía, por conservar el trabajo — los que tenemos –, batallar para que nos alcance el dinero viendo cómo aumentan constantemente los precios de lo que compramos para comer y buscando pagar deudas.
Por todo eso, seguro que este primer ejercicio de revocación de mandato tendrá una mínima participación y ni siquiera llegará a tener validez como sucedió con el juicio a los expresidentes el pasado 1 de agosto de 2021 que llegó sólo al 6 por ciento de la votación cuando se requería 40 por ciento.
En estos ejercicios lo bueno es que por algo se empieza, aunque sea con el desinterés de la mayoría. A final de cuentas así es la democracia, pero, digo, el costo de sostener esa “democracia” cada vez es más caro para los mexicanos.
