Arena suelta Por Tayde González Arias *El ejecutivo contra el judicial*

Un fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona, ya sea física o moral, transmite la titularidad de ciertos bienes y derechos a una institución fiduciaria, expresamente autorizada para fungir como tal. El fideicomiso dispone de los bienes y derechos en cuestión con el objeto de realizar exclusivamente las finalidades señaladas en el propio contrato y en beneficio de la misma persona que transmitió los bienes o de terceros previamente designados.

Los fines a los que puede ser destinado un fideicomiso son tan amplios como puede ser la imaginación de quien lo constituye, toda vez que la única limitación que la ley impone a éstos es que sean lícitos, esto es, que no sean contrarios a la ley ni a las buenas costumbres, entendiéndose ésta última parte ( lo de la costumbre), como una de las partes que está usando, o intenta tener como argumento el Presidente de la Republica para que de un plumazo pueda eliminar 13 fideicomisos al Poder Judicial, haciendo uso de su mayoría en el congreso federal, atentando contra la autonomía de los poderes o por lo menos presionando de la manera que más puede doler o mayor resultado puede lograrse, y que es el dejar de dar recursos económicos.

El Poder Judicial de la Federación, en su representación más importante que es la de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucia Piña Hernández, ha sido en más de una ocasión ignorada y menos preciada, basta recordar cómo fue que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no la invitó a la celebración del grito de independencia, o cómo los senadores del partido en el poder la invitaron y después la des invitaron para dialogar en torno a la extinción de los 13 fideicomisos. A lo que a la falta de acuerdos la misma ministra dijo sentirse “imposibilitada” para acudir a la cámara alta, ante la falta de condiciones para llevar a cabo un diálogo institucional entre poderes.

Hay que recordar que la mala relación entre el Presidente de México y la Presidenta de la Corte, comenzó desde que el mandatario notoriamente deseaba que fuera otra persona quien ostentara ese cargo y no ella, sin embargo el hecho de un “supuesto” plagio de tesis de licenciatura de la Ministra que prefería, y los acuerdos o política interna entre los ministros tuvo sus consecuencias y en lo sucesivo la Piña Hernández al ser electa, el 5 de febrero de 2023, en el evento por la Promulgación de la Constitución de 1917, cuando se le asignó un lugar lejos del presidente, a un extremo de la mesa, la ministra rompió el protocolo y no se levantó cuando el presidente llegó al recinto.

Es claro que las relaciones no pueden ser buenas, pero cada uno en sus tareas debe ser responsable y respetuoso, deben dejar de portarse como infantes berrinchudos y han de poner en primer lugar el interés de la nación que representan, pues ambos son funcionarios públicos y no se representan a sí mismos, la vergüenza internacional de las actitudes por demás inmaduras, nos dejan mal parados ante el mundo como un país con líderes que no se pueden poder de acuerdo o que no saben de la seriedad que requiere y necesita la labor que desempeñan.

Se debe permitir a la Ministra el uso de la voz, para que deje claro el valor de mantener sus fideicomisos, no se puede legislar sin escuchar a los actores motivo de sus nuevas leyes o reformas, de lo contrario se carece de legitimidad y por lo tanto las leyes nuevas sólo son dictadas por indicaciones de una persona y a capricho de uno.

Volvamos al diálogo y al entendimiento, la ropa sucia de lava en casa, exigimos de nuestros representantes el respeto y el acuerdo, no es posible que con la edad que tiene y la envestidura que representan actúen con inmadurez y a capricho. Elevemos el debate y no permitamos que se nos vea desde adentro o desde fuera como político primerizos o servidores inexpertos con poca o nula capacidad de respetar la autonomía y las funciones que a cada quien les corresponde.

 

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