Hace mucho tiempo que a eso que se le llama estado de derecho, en México, sus
estado y municipios, ha pasado a ser un simple concepto que encontramos en el
diccionario de derecho, pues siendo las autoridades las únicas que bajo estatuto
jurídico pueden y deben dar seguridad a la población, no sólo se han coludido con
los grupos de la delincuencia, sino que, además, siendo parte o al desertar de las
filas de sus cuerpos policiacos son ellos mismos los que se dedican a delinquir.
Vale la pena no generalizar, y comprender que sigue, por fortuna existiendo gente
honesta y valiosa entre las corporaciones de seguridad (tal vez eso justifique su
existencia), pero no han sido todas y todos, y hasta la fecha el lastre de la
inseguridad sigue invadiendo de sangre a la patria mexicana.
Se dice que para que exista venta de drogas, se requiere primero quien las quiera
comprar o consumir, y aunque es muy claro saber que sólo se sostiene un negocio
si tiene clientes, lo cierto es que áreas de prevención de adicciones, han sido
abandonadas, al no tener personal capacitado o suficientes, como pasaba o pasa
en los Centros de Atención Primaria en Adicciones, e incluso en las oficinas en los
tres niveles de gobierno de las áreas de Desarrollo Integral de la Familia, por sus
siglas D.I.F., donde se han limitado a dar charlas o visitar escuelas, que si bien
pueden ayudar a la reflexión, las dejan sin continuidad, las programan cada año e
incluso las confunden con platicar motivacionales.
Es urgente, que se proteja a las niñas y los jóvenes, y también a la población
adulta, con atención psicológica en todos los niveles, para evitar que caigan en las
drogas o las superen, que se construyan y se equipen de manera adecuada
centros o salas de estanca para la población que usa algún tipo de droga, y que se
pongan en marcha programas clínicos de desintoxicación, así como de reinserción
social, vinculando al campo laboral.
Si en México la población en depresión va en crecimiento, como una de las
secuelas del encierro por la pandemia mundial, ¿cuáles son las acciones
concretas, que han diseñado, creado y puesto en marcha los gobiernos para
atender éste problema?, esperando que alguien conozca de alguna política
pública para atender psicológicamente a la población afectada, son muchos otros
los lugares en donde sólo se ha dicho; se deben quedar en casa o ya pueden salir
pero con las medidas que se les ha dicho, como si la adaptación fuera tan simple
o sencilla. No se requiere ser un psiquiatra, ni psicólogo profesional, para
comprender que el desapego, la falta de adaptación, la soledad o vivir con
preocupaciones como deudas y problemas familiares, son estados, que se buscan
sanar enajenando con el uso de estupefacientes.
Los gobiernos no deben negarse a ver los problemas en los que viven sus
gobernados, y no solo tratar, sino hacer lo conducente para que no se caiga en el
uso de las drogas y con ello, se pueda acabar cuando menos con la demanda.
¿Qué pasa por la mente de gobernantes, que cada mañana se colocan frente a
una cámara y un micrófono, o que mediante una transmisión en vivo en sus redes
sociales o las de sus gobiernos, hablan para expresar buenas intenciones?, será
acaso que viven en otro mundo, no quieren ver la realidad, no saben que
gobiernan pueblos con personas espantadas que tiene que volver temprano a sus
hogares, por miedo a encontrarse en medio de una refriega entre delincuentes, o
ser alcanzados por una bala perdida.
Será que algunos alcaldes y alcaldesas, no ven y no escuchan, o consideran que
la seguridad no les compete, cuando fueron electos creyendo que con ellos al
frente de los ejecutivos municipales, se podría alcanzar la tranquilidad de sus
municipios. Acaso los gobernadores y gobernadoras, prefieren pavonearse con
fotografías de acuerdos y negociaciones, que tomar en serio la seguridad de sus
entidades, y fortalecer con más y mejores elementos policiacos sus entidades,
poniendo a trabajar sus cámaras de vigilancia y proporcionar atención temprana,
preventiva y correctiva en cada caso en que suscita un delito. O será que no
quieren y no hay voluntad, y prefieren dejar que el pueblo viva en aquella máxima
del ojo por ojo y diente por diente.
Los representantes populares, fueron electos para representarnos, y también para
procurarnos seguridad, no queremos que nos anden cuidando, ni que se junten
por montones para detener al ladronzuelo que roba pan o vestido, ni tampoco al
que no ha tenido dinero para pagar una cara licencia de conducir, sino a los que
realmente son una amenaza para la paz de los pueblos. Que se dejen de
palabrería, que atiendan el problema número uno que no deja que el comerciante
venda su mercancía en la calle o en un local, porque le cobran por abrir su
negocio, que se atienda, lo mismo al pobre que al rico, para salvaguardar sus
trabajo e ingresos, y que prevalezca la institucionalidad, y no sus acciones que
llegan a tener beneficios efímeros y sólo muestran falta de carácter, insensibilidad
y poca masa encefálica.
