En un reporte especial conjunto, la CEPAL y UNDRR abordan los desafíos, oportunidades y recomendaciones para avanzar hacia un modelo de recuperación y desarrollo que tenga en cuenta el riesgo en el Caribe.
La enorme escala y los efectos a largo plazo de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), aunados a las posibles repercusiones de otros peligros y sucesos recientes, amenazan con perjudicar o destruir la infraestructura esencial y los sistemas que sostienen la vida de una parte importante de las sociedades y las economías. Por ello, es urgente avanzar hacia un enfoque sistémico en materia de riesgo de desastres, principalmente en el Caribe, región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, con economías dependientes del turismo extranjero y con altos niveles de endeudamiento. Así lo subraya un documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) dado a conocer hoy.
El informe La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19): una oportunidad de aplicar un enfoque sistémico al riesgo de desastres en el Caribe resalta que el riesgo de desastres es sistémico y genera complejas interacciones entre los sistemas humano, social, político y económico, por un lado, y los sistemas naturales por el otro. La pandemia de COVID-19 demostró hasta qué punto un único peligro tiene el potencial de desencadenar una sucesión de acontecimientos que perjudican a los sistemas que sostienen la vida en las sociedades y las economías del mundo entero.
“Esta crisis subraya la necesidad de incorporar la gestión del riesgo de desastres en la planificación nacional, a fin de garantizar una respuesta integral a las situaciones de desastre. A nivel mundial y regional, es fundamental que quienes trabajamos en los organismos internacionales busquemos maneras de promover y fomentar un nuevo modelo de desarrollo y un marco mundial que nos permitan responder de manera coordinada y adecuada a la próxima pandemia”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Por su parte, Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres, señaló que “ahora es el momento de fomentar el diálogo y las acciones de múltiples interesados a fin de entender y gestionar los riesgos sistémicos. Para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que tenga en cuenta los riesgos, es fundamental incorporar enfoques basados en los sistemas al diseño de las políticas y las inversiones en todos los sectores y regiones, y a todos los niveles”.
El documento señala que la duración del COVID-19 incrementa la probabilidad que el riesgo de desastres originados por otras amenazas ocurra simultáneamente, o que se produzca un retraso en la reconstrucción luego de un desastre. Los efectos e impactos de los huracanes Eta y Iota en Honduras, Guatemala y Nicaragua, en combinación con los del COVID-19, son prueba de esto. También lo es el retraso provocado por la pandemia en la reconstrucción luego del desastre causado por el huracán Dorian en Bahamas.
Precisa que la elección del Caribe para ejemplificar los potenciales efectos del riesgo sistémico de desastres no es fortuita. “Se escogió esta región porque presenta una alta vulnerabilidad a los fenómenos hidrometeorológicos o climáticos extremos, tiene más de 90% de la población viviendo en zonas costeras y son economías dependientes del turismo extranjero (mundial) y con altos niveles de endeudamiento”, subraya el informe y añade que los efectos económicos y sociales del COVID-19 han sido devastadores para el Caribe, y durarán varios años.
De acuerdo al reporte, la pandemia ha sacado a luz las deficiencias de los modelos de desarrollo actuales y puesto de relieve sus limitaciones, tanto a nivel mundial como en el caso de América Latina y el Caribe, en particular. Hasta hace poco, los economistas ortodoxos estaban de acuerdo en que mantener el equilibrio fiscal, limitar al máximo la intervención del Estado en la economía y fomentar la apertura comercial y financiera bastaba para generar crecimiento y redistribución. Existía una confianza ciega en que liberalizar los mercados de bienes, de servicios y de capital era la fórmula adecuada para asegurar la prosperidad. Este marco ideológico permitió sostener un sistema de gobernanza internacional cuyo principal objetivo fue minimizar las barreras nacionales al comercio y la inversión.
“Ahora se reconoce que el Estado debe desempeñar un papel mucho más importante, regulando y coordinando los mercados y promoviendo la protección social y la igualdad. En el Caribe, reconstruir mejor implica reconstruir con igualdad y resiliencia, entre otras cosas aplicando políticas fiscales activas que tengan en cuenta las desigualdades existentes y permitan mitigar los efectos desproporcionados que la pandemia de COVID-19 ha tenido, por ejemplo, sobre las mujeres, estableciendo en todos los niveles pactos políticos basados en los principios feministas de la redistribución del poder, el tiempo, el trabajo y los recursos. El objetivo es avanzar hacia un modelo de desarrollo en que se prioricen la igualdad y la sostenibilidad ambiental. Siendo el Caribe una región amenazada por diversos peligros, se necesita un enfoque sistémico para reducir el riesgo de desastres y las vulnerabilidades”, destaca el documento.
El informe concluye que la complejidad de estas situaciones exige un enfoque que trascienda los métodos tradicionales y compartimentados de reducción del riesgo de desastres. Puntualiza que, para que los esfuerzos por reducir sus impactos sean eficaces, es fundamental abandonar el modelo simplista que ignora las características sistémicas de los fenómenos extremos. Lo anterior vale para los arreglos institucionales de gobernanza del riesgo, las organizaciones comunitarias, las iniciativas de investigación y el diseño de políticas. Así, la planificación para el desarrollo puede desempeñar un papel fundamental, ayudando a incorporar un enfoque sistémico en la gobernanza del riesgo.
