5W Redactor Revista Digital Informativa
Los responsables de cualquier acto u omisión que contravengan la ley deben ser
sancionados, independiente de que su actuar fuera dentro de las esferas públicas o
privadas, e independientes de su filiación política o partidaria.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, es un instrumento legal que
debe cumplirse a cabalidad, norma que no puede estar sujeta a compadrazgos o
conveniencia de persona o grupos que no comprendan del bien superior para la
humanidad, que representa la justicia. Éste tipo de asunto o temas tampoco se
deben definir a mano alzada, o con consultas populares para legitimar lo legitimado,
una vez que la ley es ley y tiene un carácter general.
Las leyes y las normas del país, no son documentos que puedan cumplirse o no,
pues el origen mismo de éstas en su filosofía y en su legislación, busca el bien
común. Por lo que la persona que dañe con sus acciones o permita a sabiendas
que otro lo hace, merece castigo por ello. La aplicación de la normatividad, es un
asunto que rebasa los periodos de gobierno, se trata de una condición procesal, que
se debe seguir más allá de un trienio, sexenio, o de determinado número de
legislaturas, pues justamente, la división de los poderes de la unión, en ejecutivo,
legislativo y judicial, entre otras cosas, lo que encierra en sí, es la competencia
entre cada área, y con ello el desarrollo de acciones de competencia, que conforme
a Derecho deban y puedan suceder.
Para nadie es ajeno que el Gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López
Obrador, ha emprendido desde la Fiscalía General de la Nación, investigaciones por
ejercicio indebido de sus funciones, enriquecimiento ilícito, entre otros cargos,
contra diversos exfuncionarios del anterior sexenio correspondiente a Enrique Peña
Nieto.
La persecución hacia quienes fueron, funcionarios públicos en el gobierno pasado,
podría denominarse “cacería de brujas”, si es que sólo se buscara el desprestigio de
aquellas y aquellos que en su momento fueron también adversarios políticos, sin
embargo, con la ley en la mano y con las pruebas suficientes, a éstos actos no
podrían más que definirse como acciones de justicia en los que la norma debe
cumplirse.
Ejemplos de procesados que han caído en manos de la justicia por sus faltar a la
legalidad, ya son varios, a algunos aún no los aprehenden y a otros como a Emilio
Ricardo Lozoya Austin, exdirector de PEMEX y María del Rosario Robles Berlanga;
exsecretaria de Desarrollo Social, son solo dos de los varios implicados en procesos
legales por diversas supuestas irregularidades dentro de sus funciones. Y se tratan
de dos acusados, de los que se manejan muchas hipótesis, entre las que se dicen
que, "les cubrían las espaldas a alguien;, que si;solo ejecutaban órdenes;, o si
actuaron solos. Como sea que fuera, si es que existe la manera de poder probar
que se actuó de manera ilegal, las autoridades correspondientes no deben hacer
otra cosa que no sea, sancionar conforme corresponda.
La credibilidad de un gobierno, en cualquiera de sus niveles, radica en gran medida
en su capacidad para cumplir con la tarea primaria; la aplicación de la ley, y por lo
tanto sancionar las actividades que se realicen en perjuicio de la población, sea uno,
sean varios o sean todos.
El hombre o la mujer que no comprende que el servicio público, es una oportunidad
para servir a los demás, y que dicha tarea debe apoyarse de la amabilidad, la
honestidad, la transparencia entre otras cualidades, debiera ser impedido para pisar
una oficina o realizar una tarea burocrática, pues para hacerse rico, para beneficios
personales, o tener una conducta indebida, jamás estará hecha ninguna función
pública.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no habría en su
gobierno, persecución, e incluso en campaña, habló del perdón, y de una “república
amorosa”, pero estas palabras se han esfumado, como muchas otras de sus
declaraciones, ciertamente. Pero lo que sí es aceptable es que, primero, el
ejecutivo, respete la división de los poderes, permita que cada área ejecute lo que a
sus funciones corresponda, además de que sepa escuchar y en la marcha ir
mejorando el ejercicio de gobierno.
El Presidente, debe ser más cuidadoso en la entrega de recursos, debería pedir a
su equipo de trabajo que deje de ver los programas de asistencia social, como
instrumento político, debe poner especial atención en figuras como Ana Gabriela
Guevara, quien ha sido señalada por deportistas reconocidos y varios actores
deportivos, por estar manejando mal el deporte nacional, lo que dejará ver con los
resultados de los representantes en los juegos Olímpicos en desarrollo. Debe
empezar por su casa, o en éste caso por su gabinete, y después seguir con los
procesos legales y administrativos contra los malos funcionarios del pasado,
incluyendo a los gobernadores y gobernadoras que omitieron u omiten hacer bien su
trabajo y con ello permiten que impere la injusticia y la ilegalidad. La ley se debe
aplicar parejo, caiga quien caiga, y pague quien deba hacerlo.
Respecto de la consulta planeada para estas primera horas del mes de agosto, al
igual que en otras acciones similares, que participe, y vaya quién quiera, pero que
asistan bajo el conocimiento que lo que está escrito y es letra viva, en las leyes,se
aplica y se sigue, y no se pone a discusión, sin embargo, si tiene el tiempo de
refrendar su espaldarazo al ejecutivo federal, y todo lo que éste representa, lleve su
paraguas por la lluvia o el sol, aunque se augura que pudiera tratarse de un ejercicio
que no asimilaba al día de una elección electoral federal o intermedia.
Cabe mencionar, que la pregunta y el ejercicio de encuesta, que por cierto no ha
acabado de convencer al Instituto Nacional Electoral, no dice directamente si están
o no de acuerdo con llevar a juicio a los expresidentes, de modo que hará falta un
espacio en blanco en el que posiblemente pudieran escribir los electores su
verdadero pedimento.
