Por Ricardo Burgos Orozco
Hace años cuando los reporteros policiacos no tenían notas o querían publicar alguna información de impacto, recurrían al tema ficticio del embargo de autos chocolate; escribían que ahora sí iba en serio el decomiso y todos aquellos con vehículos importados ilegalmente debían registrarlos de inmediato o se los iban a confiscar.
Los llamados autos “chocolate” son todos aquellos coches que ingresan de manera ilegal a México, la mayoría provenientes de Estados Unidos. Al principio se les llamaba en la frontera “autos chuecos”, pero el término se fue “mexicanizando” hasta que la gente comenzó a llamarles “chocolate”.
Ese tipo de vehículos son adquiridos principalmente porque son más baratos que los seminuevos que se comercializan legalmente en México y tienen mejores sistemas de seguridad, pero carecen de documentos de registro por lo cual no es fácil regularizarlos. También son susceptibles de ser usados para cometer delitos.
El pasado 16 de octubre, el presidente López Obrador firmó el decreto para regularizar los llamados “autos chocolate”, únicamente los que ya se encuentren en México específicamente en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez aseguró en su momento que sólo en Baja California circulan alrededor de 50 mil autos “chocolate”, sin embargo, de acuerdo a datos no oficiales, entran al país un promedio de seis millones al año de autos irregulares.
Legalizar esos vehículos va a costar 25 mil pesos por cada uno. Según López Obrador, el monto de lo recaudado será etiquetado para mantenimiento y remodelación de calles en la región.
La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores ya protestó ante esa medida porque su regularización hará que caigan hasta en un 39 por ciento las ventas de automóviles en el mercado nacional.
La medida de legalizar los autos “chocolate” no deja de ser extraña porque está dirigida a un sector muy delimitado de beneficiarios. Los habitantes de los demás estados van a protestar y con justa razón porque México es el país con más coches extranjeros irregulares en el mundo y no sólo en siete entidades. Ya en 2006 se hizo algo parecido para normar un millón de automotores.
El decreto de ahora parece dirigido a alguien muy en especial, aunque no sé a quién o quiénes.
