Todavía recuerdo en 1988 cuando las elecciones se “controlaban” desde la oficina del secretario de Gobernación; se llamaba en aquel entonces Comisión Federal de Elecciones; era titular de la oficina Manuel Bartlett Díaz, quien ahora es director de la Comisión Federal de Electricidad.
Fue en aquellos comicios de 1988 cuando sucedió la famosa caída del sistema que para muchos fue motivo de “sospechosísmo”, que nunca se pudo aclarar. Ganó el candidato Carlos Salinas de Gortari, la presidencia de la república por el Partido Revolucionario Institucional. Todavía en aquel tiempo el PRI ejercía un poder omnímodo.
Los candidatos opositores eran: Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J, Clouthier y Rosario Ibarra; los tres se unieron con protestas y quejas por duplicidad de credenciales, repartición anticipada de boletas electorales ya cruzadas en favor del PRI. Sin embargo, el gobierno anunció jornada prácticamente blanca.
En aquel tiempo era inconcebible que pudiera existir un organismo autónomo que controlara las elecciones hasta que la presión política, surgida por las protestas de 1988, hizo que El Congreso de la Unión reformara la ley y expidiera el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear el Instituto Federal Electoral, que se convirtió en la máxima autoridad electoral durante el periodo del 11 de octubre de 1990 al 3 de abril de 2014, pero no tenía autonomía ya que el presidente del Consejo General era el mismo secretario de Gobernación.
También nacieron otras instancias a través de las cuales se podía impugnar los actos y resoluciones del propio IFE: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Con el IFE se creó, además, órganos electorales locales en cada estado.
El IFE se transformó en 2014 en Instituto Nacional Electoral (INE) como un organismo autónomo para llevar a cabo y regular los procesos electorales. También debe determinar las directrices, las reglas, las normas a las que deben sujetarse quienes participen y, en su caso, aplicar sanciones correspondientes.
Ya se ha comentado en repetidas ocasiones que el INE es perfectible, pero desde luego su presencia en las elecciones ha permitido más transparencia y quedó demostrado en los comicios de 2018. Es cierto que los consejeros integrantes del organismo reciben jugosos sueldos y canonjías especiales, pero en este caso habría que hacer una revisión para corregir y homologar sus ingresos conforme a la normatividad actual. Por lo demás, la estructura del INE está adecuada para organizar comicios, no sé si con excesos de personal.
El Plan B de reformas electorales, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea ahorrar 3 mil 500 millones de pesos con la disminución de sueldos a los consejeros, eliminar áreas, fideicomisos y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como disminuir órganos electorales, entre otras cuestiones más.
La discusión en el Congreso de la Unión va a ser intensa cuando los legisladores deban debatir las modificaciones electorales. Ojalá la mayoría de diputados y senadores asuman su responsabilidad y aprueben lo que conviene a los mexicanos. Lo dudo.
