Por Ricardo Burgos Orozco
Trabajé once años en la Secretaría de Educación Pública; fue maravilloso y un honor haber tenido la oportunidad de laborar en el viejo e histórico edificio de Brasil 31, en el centro, a unas calles del Zócalo de la Ciudad de México. La convivencia con maestros era prácticamente todos los días; en aquel entonces, durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, los profesores se quejaban de que se le estaba dando demasiado poder a los padres de familia en las escuelas. Posiblemente con la polémica con los libros de texto en estos días se va a demostrar esa influencia.
El pasado viernes 4 de agosto, la Unión Nacional de Padres de Familia hizo la petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerza la facultad de atracción y revise el tema de los libros de texto del ciclo escolar 2023 – 2024. El organismo le dio entrada con el número de expediente 308/2023.
El 25 de mayo reciente, la titular del Juzgado Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Yadhira Elizabeth Medina Alcántara, le concedió la suspensión definitiva a la UNPF, aunque fue impugnada por la SEP y están pendientes las resoluciones.
Independientemente de los procesos legales que están corriendo, los padres de familia en cada escuela de educación básica, el nivel que conozco más, tienen el poder de decidir si sus hijos van a recibir los libros de texto y, si los reciben, si los van a usar para consulta todo el año.
No he revisado los libros de texto, peo si tiene los errores que dicen y si se van a entregar sin programa de estudios para los maestros, den por hecho que no solamente los padres de familia, sino los profesores, van a impedir que sus hijos estudien basados en ellos. Los profesores también significan un poder en cada centro escolar. Pregúntenles a los coordinares en la Ciudad de México o a las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Una cosa es la pugna política y pedagógica acerca de los libros de texto del ciclo escolar 2023 – 2024, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de Morena, que a todo lo que dice el mandatario dicen que sí y agachan la cabeza, y los partidos de oposición que pretenden igualmente imponer su criterio, y la otra es la lucha que se libra en cada escuela.
Son 240 mil escuelas de educación básica en el país, más de cinco mil en la Ciudad de México. En cada una de ellas hay una asociación de padres de familia con todo el poder para detener, si quieren, la distribución de libros de texto si no les parece o no están de acuerdo. Por supuesto, no faltarán los gobernadores, presidentes municipales, directores de las escuelas, que convenzan a miles de papás a que se plieguen a las decisiones del gobierno federal y estatal y de la Secretaría de Educación Pública, pero no lo van a poder hacer con todos.
López Obrador anunció que habrá conferencias vespertinas para explicar los contenidos de los libros. Diría, en ese caso, que no hay razón para hacer reuniones de este tipo si existen los programas y planes de estudio respectivos en los cuales se basen los maestros para poder trabajar. En esto debe haber además reapertura total para que los padres de familia se informen sobre el proceso de elaboración de los materiales; no se vale que digan que es información reservada por seguridad nacional.
Insisto, si los padres de familia y los profesores no quieren trabajar con esos libros de texto, no habrá poder humano que los obligue, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el presidente de la república. Ellos son el verdadero poder que hay que convencer para que niñas y niños estudien con esos materiales.
